Vieques.- El próximo  2 de mayo,  los vendedores ambulantes  ubicados frente al terminal de lanchas Isabel II en esta isla municipio deberán cesar operaciones o sus permisos serán cancelados.

Según la alcaldía, el desalojo responde a razones de salubridad porque la comida que se vende en dichos negocios está expuesta a descargas y gases tóxicos de aguas usadas de una estación de bombas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) que hay en el lugar.

Así lo estipula una carta que envió el alcalde  Víctor Emeric, a los comerciantes perjudicados el  9 de marzo pasado.

En la misiva se indica que el municipio había ordenado el desalojo,  inicialmente, para el pasado 4 de abril.

“No obstante, por petición de los mismos comerciantes les estoy concediendo un nuevo término para reubicarse. Incluso, estoy dispuesto a esperar hasta el 30 de junio.  Y yo lo siento mucho, yo sé que hay gente molesta y hablando mal de mí por ahí, pero no puedo ceder a que se queden allí porque este es un asunto de salubridad y de ley, y sobre la ley yo no puedo ir”, sentenció Emeric.

A los comerciantes se les está ofreciendo reubicarlos en otra localidad.

La petición de la Triple A

Las expresiones y acción del alcalde responden a un llamado que a inicios de marzo le hiciera el ingeniero Julio Correa Flores, director auxiliar de cumplimiento de la AAA en la Región Este, quien a través de una carta le indicó que empleados de la agencia estaba confrontando “problemas de acceso” a sus predios a causa de los vendedores de comida pues están localizados dentro de la zona de amortiguamiento que se requiere por ley.

“Esta zona de amortiguamiento prohíbe cualquier tipo de actividad dentro de un radio de 50 pies del poceto de la estación de bombas y ellos están en esa zona prohibida”, dijo Correa Flores a Primera Hora al sostener que a pesar de que los comerciantes viequenses llevan allí muchos años,  la denuncia se hace en estos momentos porque “más vale tarde que nunca y esto es una medida de protección a la salud pública”.

Y es que, indicó,  lo más que le “preocupa” es el manejo  y consumo de alimentos en un área “expuesta a contaminación”.

“En nuestra estación se reciben aguas residuales de hogares, negocios e industrias de Vieques. Estamos hablando de descargas de inodoro, de la lavadora, entre otras y, como se trata de un sistema electromecánico en cualquier momento puede fallar -como lo haría un auto- y se desbordarían en la carretera frente a esos negocios de comida. Eso ya es un riesgo de salud”, dijo el ingeniero.

Explicó que, además de exposición directa a las aguas servidas, también existe riesgo de contaminación por “vía aérea” ya que es común que las estaciones emanen gases como sulfuro de hidrógeno y metano.

“Estos gases no hacen daño por ser respirados, así que a la gente que llega al terminal no les pasará nada. Pero sí son un riesgo si entran en contacto con los alimentos que se preparan. Ahí es otra historia”, manifestó.

Para sustentar sus planteamientos, el funcionario aludió al capítulo 3 del Código de Alimentos establecido en el 2013 por la FDA (Food and Drug Administration) de los Estados Unidos,  el cual detalla que la preparación de comida no debe hacerse en predios expuestos a salpicadas, polvo u otro tipo de contaminación. 

“Entendemos que la presencia de ellos (los vendedores) allí pone en riesgo la preparación de alimentos porque es demasiado próxima a la estación de alcantarillados. Por eso le pedimos ayuda al alcalde. No se le pidió cancelar sus permisos, sino que los relocalizaran en otro sitio seguro”, dijo Correa Flores.

Hablan los comerciantes

Una de las vendedoras que está que echa chispas por la orden de desalojo es D’Arla Brown, quien tiene  hace ocho años en el lugar una carpa en la que se venden frappés de diversas frutas.

La mujer se siente “atropellada” por la orden de desalojo  que le entregó el municipio y especuló -según rumores escuchados por taxistas del municipio- que la movida responde a intereses particulares de Emeric para ubicar en el lugar a otras personas con interés comercial en el área.

“Cuando nos vayamos, esperarán unos pocos meses y tomarán nuestro lugar. Y no queremos que nos pase eso”, expresó la mujer.

Por su parte, el alcalde desmintió la acusación asegurando que en la zona desalojada no se ubicará a nadie.

“Está prohibido por ley cualquier tipo de negocio ahí… y punto”, señaló.

Mientras, José Segura, dueño del “Kiosco de María”, lugar donde se venden pinchos, hot dogs, café y refrescos, dijo aceptar las disposiciones de ley y ya está en conversaciones con el municipio para reubicarse en otro lugar.

“El alcalde ha sido bien respetuoso conmigo y yo sé que quiere ayudarnos. Ahora bien, mi preocupación es encontrar un lugar que tenga el mismo impacto de ventas que tengo en el muelle porque allí siempre hay movimientos de clientes con todos los turistas que llegan en lancha”, indicó.