La “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica” (Ley 54-1989) podría sufrir enmiendas próximamente para ampliar las circunstancias en que una tercera persona puede solicitar al tribunal una orden de protección a favor de una víctima de violencia de género.

Aunque en la actualidad la ley faculta a personas fuera de la relación de pareja a procurar ese remedio en determinadas circunstancias, el Proyecto del Senado 1238 aumentaría el margen de intervención de las terceras personas para que puedan procurar la orden de protección -aun sin notificar a la víctima- si han presenciado algún acto de maltrato o si conocen de los hechos a través de la parte perjudicada.

La propuesta del senador novoprogresista Ángel “Chayanne” Martínez fue objetada este martes por la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) por entender que violenta preceptos constitucionales y que podría colocar a la víctima en una situación de mayor peligro.

“El efecto real de implementar la medida podría resultar contraproducente. Si la víctima no está emocionalmente preparada para comenzar el proceso, lo cual tiene unos efectos personales e individuales innegables, este no va a ser efectivo, aun cuando existan elementos para poder emitir la orden de protección, muchas veces por la falta de cooperación de la víctima. Pueden surgir situaciones en las cuales la alegada víctima no desee ni interese que se expida una orden de protección”, manifestó la licenciada Luccianna Rechany durante una vista pública de la Comisión senatorial de Asuntos de la Mujer.

A modo de ejemplo, planteó que cuando la víctima no interesa que se expida la orden de protección, es a veces quien tiende a promover el contacto con el alegado agresor o agresora, y ello podría propiciar que lo haga sin el conocimiento de quien solicitó la orden, creando situaciones de mayor riesgo.

“La víctima podría propiciar que se incumpla con la orden porque no le interesa el proceso. Esto tiene un efecto, no solamente sobre la víctima, sino sobre cómo la sociedad ve la importancia y la fuerza que tiene una orden de protección del tribunal… Va a ser un círculo vicioso en el que los adelantos que hemos hecho se pueden retrasar”, dijo la abogada, quien acudió en representación de la jueza administradora de la OAT, Isabel Llompart.

“Tratándose de un procedimiento civil que propone proteger a una parte, esta es parte indispensable en el caso y es quien puede hacer valer la misma”, abundó.

Ante la consideración del Senado, está también un proyecto de la autoría de la senadora novoprogresista Itzamar Peña para que se les reconozca la facultad de peticionar la orden de protección a los progenitores e hijos mayores de 18 años de una víctima de violencia de género.

La Ley 54 le confiere actualmente esa potestad a terceros cuando la víctima “sufra de incapacidad física o mental, en caso de emergencia o cuando la persona se encuentre impedida de solicitarla por sí misma”. También le reconoce tal autoridad a los patronos cuando los hechos constitutivos de violencia doméstica ocurren en el entorno laboral, pero les requiere que, antes de acudir ante el tribunal a solicitar el remedio, se notifique a la víctima.

La senadora popular Mari Tere González, presidenta de la comisión legislativa, defendió la autonomía de las víctimas para decidir el proceder, pero insistió en la necesidad de identificar herramientas adicionales para proteger a quienes sufren este tipo de violencia, que ya ha cobrado dos vidas en lo que va de año.

“Ante la realidad tan dura que vive el País con los crímenes que hay respecto a la violencia de género, y pensando que un patrono que es un tercero tan ajeno sí lo puede hacer, pienso que tenemos que ir a todas con esto, tenemos que lograr que haya una conexión mucho más amplia de la sociedad en general para poder suplir a las víctimas que sí lo necesiten”, dijo la legisladora en un aparte con este medio.

González indicó que la comisión podría presentar un proyecto sustitutivo que recoja la intención de ambas medidas presentadas, y dijo que una de las alternativas podría ser que se les extienda a las terceras personas las mismas prerrogativas que tienen hoy los patronos, y que se les impongan similares condiciones.

La Policía, en tanto, avaló la propuesta aunque recomendó que se enmiende para establecer que el término “terceros” se referirá a los parientes cercanos, mientras que el Departamento de la Familia presentó reservas similares a la OAT, y argumentó que los esfuerzos deben estar dirigidos a empoderar a las víctimas y fortalecer sus facultades decisorias. 

La licenciada Olga López, quien habló a nombre de la secretaria de la Familia, Idalia Colón, subrayó también que el problema de la violencia doméstica debe ser responsabilidad de cada uno de los componentes sociales, comunitarios y gubernamentales del País.

“La comunidad puede ser más activa y más participativa… todavía hoy en el 2015, muchos vecinos y vecinas creen que lo que pasa en una relación de pareja es privado. No se ha entendido que la Ley 54 arrancó del ámbito privado al público al hacerlo delito”, puntualizó López.