Rincón.- El reclamo por el acceso a la zona marítimo terrestre en el barrio Puntas cobró rostro ayer cuando residentes allí levantaron pancartas que leían: “¡Justicia ya! Camino público”, para exigirle al Gobierno que defienda un tramo colindante a la playa Sandy Beach.

El camino  está cerrado con  enormes piedras que colocó alegadamente David Harold Wishinski, uno de dos propietarios privados que reclaman haber adquirido la zona marítimo terrestre por la vía legal. 

La otra mitad está cerrada por una verja de alambre que levantó Dennis Lynn Ritch (el otro propietario), para marcar el deslinde entre ambas propiedades. 

“Exigimos que se quiten (las piedras) porque esto siempre ha sido un camino del público. Estamos en representación de aquellos que están (presentes) y de los que no están”, manifestó Maritza Caro Caro.

En representación de la comunidad anglosajona en Rincón, Dennis Mouchette señaló que “en los Estados Unidos la gente compra terrenos y niegan acceso público a las playas... nosotros no queremos que eso suceda en Puerto Rico, estos accesos deberían ser públicos”.

Por su parte,  Griselle Moreno cuestionó “por qué si ya el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una sentencia diciendo que el camino es uno de salvamento, no se le pide una orden de desacato a Wishinski”. 

Moreno se refirió a una demanda presentada por  Luis Miranda, Carlos Ramírez y Ramón Acevedo, quienes acudieron al Tribunal de Aguada hace varios años  para que se dejara el camino abierto.

Pasado ese foro, la parte demandada ganó en el Tribunal de Apelaciones. 

Sin embargo, al llevarlo al foro superior,  “el Supremo dijo que ellos (los ciudadanos) tienen paso aunque no sean dueños”, reconoció el abogado de Ritch, Adalberto Moret Rivera, quien siguiendo la opinión del Supremo optó por presentar una demanda de reivindicación para que se determine quién tiene la posesión del camino, toda vez que el Departamento de Recursos Naturales y   Ambientales (DRNA) trazó un deslinde que obliga por ley a ceder 20 metros de la zona  para servidumbre de seguridad y vigilancia.

La corte en  la playa

La manifestación se dio en el marco de una vista ocular celebrada por la jueza Miriam Santiago, del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla, quien llegó  junto a funcionarios del tribunal y del  DRNA para dilucidar un caso contra Luis Miranda, presentado por el empresario Ritch, dueño de varios establecimientos enfocados en la industria del turismo.

La demanda civil de reivindicación es para determinar quién tiene posesión del camino que está inscrito en los registros históricos como uno  municipal, informó Juan Mari Pesquera, representante legal de Miranda.

Cuando la jueza se disponía a inspeccionar ayer el área que lleva hacia la propiedad de Ritch, su abogado Moret Rivera le advirtió que debía entrar por la playa o dar la vuelta al barrio para entrar por la propiedad de Ritch para conocer de primera mano el tramo verjado, “porque estaría entrando a propiedad privada”.

María Rivera, abogada en la división de litigios del DRNA, advirtió que por ley se definió el camino como una servidumbre de salvamento y seguridad para que agencias de gobierno puedan tener acceso en caso de emergencias.

La jueza penetró  finalmente por el camino para llegar hasta el área limitada en la que vio  la verja que colocó Ritch, dividiendo su propiedad de la de  Wishinski, conforme a la negociación que ambos tuvieron con Puerto Rico Rail Road.

El DRNA explicó que independientemente del argumento de la verja y la controversia entre Ritch y Miranda, desde el muro de la antigua vía ferroviaria por donde discurrieron las vías del tren, se debe establecer una servidumbre legal para vigilancia y seguridad, de seis metros por lo menos. 

Mari Pesquera reiteró que la comunidad tiene la concesión del camino por orden del Supremo y señaló que “el municipio de Rincón es parte indispensable en la controversia para reclamar la titularidad del terreno porque se ha presentado prueba que el camino está inscrito en el DTOP”. 

Se niega a ceder  tramo

Ritch dijo haber llegado a Puerto Rico hace 35 años,  “y en ese mismo lugar he vivido 20 años.... hace 15 años que compré ese pedazo de terreno que le pertenecía a la (compañía) Puerto Rico Rail Road...”.

“Yo lo compré como todos los que tienen terrenos que le pertenecían a la Puerto Rico Rail Road. Igual que el (hotel) Horned Dorset... Hay cientos de casas que están hechas encima de la misma vía”, indicó.

Por el momento, la jueza Santiago  delibera su determinación, la que anunciará próximamente.