Cerca de 800 familias esperan desde el 2017 por los informes de autopsias de sus allegados y el Negociado de Ciencias Forenses (NCF), que se supone que entregue los documentos en un periodo no mayor de 90 días luego del deceso, parece no tener los recursos para atender el ataponamiento de forma inmediata. 

La agencia atribuye la tardanza, en parte, a los equipos averiados tras el huracán María.

La subcomisionada del NCF, Mónica Menéndez, dijo que la reparación de los equipos, tres para detectar uso de sustancias y uno para alcohol, cuestan $375,000. No tienen el dinero, pero lo gestionan a través de propuestas con entidades como la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, precisó la funcionaria.

“Del 2017 yo tengo en incumplimiento 781, y de lo que va de 2018 tengo nueve”, dijo Menéndez, para un total de 790 en este periodo.

Los informes de autopsia permiten aclarar a las autoridades de ley y orden, a familiares y seres queridos del fallecido, la causa de muerte.

La funcionaria explicó que para mantener su acreditación se les requiere que el 90% de los informes se entreguen dentro de 90 días. A base de los números del NCF, esos 781 informes sin trabajar -de un total de 6,851 casos-, representan actualmente un 11.39%. 

La cifra de informes de autopsias sin entregar podría ser más alta porque la funcionaria no pudo precisar al momento de la entrevista si había incumplimiento de años anteriores, como el 2016 y el 2015.

Menéndez dijo que en algunos casos lo que hace falta es una prueba de corroboración para poder completar el informe, pero por estar sometidos a procesos rigurosos de pruebas que requieren verificación, a veces se complica; sobre todo en momentos en que les faltan equipos o les fallan por problemas como voltaje y temperatura. 

Dio como ejemplo que este fin de semana tenían 93 muestras evaluadas, pero el trabajo se perdió porque hubo un apagón y el generador eléctrico no se activó.

Menéndez precisó que algunas de esas pruebas pendientes se enviaron a laboratorios de Estados Unidos.

Otro problema que confronta es la pérdida de personal especializado por el bajo salario que cobran sus empleados, quienes al recibir ofertas de laboratorios en Estados Unidos, se van. En algunos casos hay químicos devengando $2,200 mensuales.

“En Estados Unidos le pagan el triple. Hay un laboratorio nuevo en Texas que busca personal bilingüe y me ha llevado mucho personal, solo en el año 2017”, afirmó Menéndez.

Precisó que de los 276 empleados, incluyendo administrativos, perdieron a 29 peritos el año pasado.

Contó que adiestran a su personal año y medio antes de que trabajen en cualquier caso, y que en especialidades como examinadores de armas y marcas de herramientas, certificados por AFTE, en todo Estados Unidos hay 800 y en el NCF había 20.

“Ahora tenemos 12. Me los llevó el laboratorio de Texas”, dijo.

Aunque las cifras de informes de autopsia apuntan a incumplimiento, el NCF recibió la reacreditación correspondiente, explicó Menéndez. 

“Me extendieron la acreditación porque entendieron que a base de todo lo que estamos haciendo estábamos en cumplimiento”, dijo la subcomisionada.