Con el supuesto fin de erradicar la alta incidencia de deserción escolar y el ausentismo de estudiantes en los planteles escolares, el representante Ángel Muñoz Suárez radicó una medida que castigaría con pena de hasta un año de cárcel y $5,000 de multa a todos los padres o tutores que descuiden su obligación de velar por que sus niños vayan a la escuela.

Además, el proyecto –que recalificaría a delito grave el incumplimiento de dicha ley– sugiere que a aquel que incurra en desafío del estatuto se le aplicará una falta administrativa que podría conllevar la cancelación de beneficios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), de programas de vivienda pública y programas de vivienda con subsidio.

La Ley 149, conocida como Ley Orgánica para el Departamento de Educación Pública de Puerto Rico, dispone que la asistencia a las escuelas será obligatoria para todo niño entre los cinco y 21 años de edad, excepto los de alto rendimiento académico y los que estén matriculados en algún programa de educación secundaria para adultos u otros programas que los preparen para ser readmitidos en las escuelas regulares diurnas o que hayan tomado el examen de equivalencia de escuela superior.

Actualmente, aquel padre o tutor que no cumpla con lo dispuesto se expone a pena de reclusión de hasta seis meses y una multa que no exceda los $500.

“El Gobierno de Puerto Rico ha tenido que adoptar varias medidas para atender la alta incidencia de violencia escolar y ausentismo de los estudiantes en los planteles escolares. Este problema es uno de alto interés público, ya que activa el efecto dominó que puede ser la causa de varios males sociales. Es por esta razón que es necesario adoptar medidas más rigurosas sobre este particular que provean al Gobierno todas las herramientas necesarias para lograr que la asistencia de los estudiantes a las aulas sea obligación que provoque la supervisión directa de los padres y se puedan adjudicar responsabilidades por omitir el velar ese aspecto en la vida estudiantil”, dice el explicativo de la pieza legislativa presentada por Muñoz Suárez y que actualmente aparece en primera lectura en la Cámara de Representantes.

Firme oposición

A juicio de un par de expertos en educación consultados por Primera Hora, la medida del legislador estadista es superficial, carece de análisis profundo y denota improvisación.

Al menos, así opinaron Aida Díaz, presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, y el sociólogo y ex secretario de Educación César Rey Hernández.

“No puede aprobarse una ley generalizando e imponiendo un año de cárcel y multas tan elevadas sin saber las condiciones sociales, económicas y hasta culturales en las que vive ese niño, y en qué contexto se dan esas ausencias. Esto merece un análisis mucho más profundo. Creo que sería una ley punitiva, no solo para el padre, sino para el niño, porque lo privaría de la presencia de ese padre o tutor que tal vez tuvo una situación particular que lo llevó a fallar”, dijo Díaz.

Díaz, quien también es educadora, dijo que una posible solución al problema de ausentismo sería crear fondos para que se asignen más trabajadores sociales en los planteles.

“Necesitamos trabajadores sociales que visiten a los padres a sus casas. También se podrían crear programas para ayudarlos a conseguir empleos, para adiestrarlos y para reeducarlos y ayudarlos a reenfocarse”, expresó.

Además, dijo que el problema de deserción se superará cuando se mejore y se haga más atractivo el currículo académico y cuando “se cierren todas las escuelas fast food (escuelas aceleradas), que nos están llevando a nuestros niños, graduándolos en tres meses y sin las medidas necesarias.

Por otra parte, Rey Hernández indicó que la propuesta del legislador “es un agravante sobre la herida”.

“Obviamente, el legislador no entiende que el proceso no debe ser criminalizar, sino buscar alternativas de por qué se está dando esta situación que provoca el ausentismo, y alternativas para reeducar a esos tutores o familiares. Me parece una idea poco proactiva, y criminalizando a los padres se puede agravar el problema... Hay que tener mucho cuidado con este tipo de acercamiento porque me parece que se está haciendo a la prisa, hablando a las gradas, y ya el país está lleno de improvisaciones de este sentido. La mirada debe ser más compleja y profunda”, dijo el ex titular de Educación.

Rey Hernández está convencido de que el camino correcto hacia la erradicación de la deserción supone la creación de políticas públicas que fomenten la colaboración entre agencias públicas y el sector privado.

“Concienciar, capacitación, por ahí va la cosa. Y eso lo lograríamos con políticas públicas que conecten protocolos entre agencias como el Departamento de la Familia, Salud, entre otras, incluyendo a los Tribunales de Menores. Hay que ver la solución en un colectivo y con responsabilidad comunitaria”, agregó.