Esto podría ser una buena noticia para los confinados por narcotráfico. 

Y es que una nueva regulación de guías de sentencias para reducir las penas carcelarias en casos de narcotráfico podría beneficiar a alrededor de 1,500 confinados a nivel federal, pero será algo paulatino y evaluado caso a caso.

Así lo aclaró la jueza presidenta del Tribunal Federal en Puerto Rico, Aida M. Delgado Colón, quien explicó que en abril de 2014, la Comisión de Sentencias aprobó aplicar de forma retroactiva la revisión de las guías de sentencia de casos de sustancias controladas, la cual fue aprobada y convertida en ley por el Congreso el 1 de noviembre pasado.

Las guías de sentencia son utilizadas por los jueces federales como recomendación de la pena a la que debe ser sentenciado un convicto, que evalúa si es primer ofensor, y suma tiempo por agravantes, al igual que reduce el término por atenuantes, como cuando llegan a acuerdos con la fiscalía para hacer alegación de culpabilidad sin ir a juicio, lo que supone una reducción de entre dos o tres puntos, regularmente.

Delgado Colón aclaró que no aplicará a confinados con niveles altos en las guías de sentencia, como de 40 puntos, que significan cadenas perpetuas, así como tampoco a ofensores de carrera. Igualmente, si fueron sentenciados al término mínimo estatutario, tampoco podría haber una reducción de la sentencia porque no puede violar la Ley de Mandatorios Mínimos.

De los que sí podrían cualificar, la corte tiene la discreción de otorgar la reducción o no, dependiendo de factores que el juez debe emitir por escrito.

La jueza presidenta firmó una orden administrativa con el procedimiento de cómo se van a evaluar estos casos. La misma establece que toda petición que llegue, ya sea por derecho propio, por abogado de oficio o abogado contratado, se radicará en el expediente de su caso. Las mismas serán evaluadas por el magistrado federal Justo Arenas, quien hará la determinación inicial si la persona es elegible o si está excluida por algún estatuto.

De estar excluido, Arenas lo enviaría al juez que presidió el caso y la defensa puede presentar sus argumentos ante el juez. Si el magistrado dice que podría cualificar, la defensa y el fiscal tendrán 14 días para reunirse y determinar si llegan a una estipulación y la someten para la evaluación del tribunal. De no llegar a un acuerdo, tendrán 14 días para presentar mociones simultáneas con sus respectivos argumentos. En esos casos, la Oficina de Probatoria federal puede radicar su posición y el juez determinará si lo concede o no, siempre y cuando emita las razones de su decisión.

"Quiero dejar claro que de estas 1,500 personas que potencialmente podrían cualificar, no significa que los 1,500 vayan a tener éxito. Los que tengan éxito, no todos saldrán en libertad a la vez. Ninguna reducción de sentencia será efectiva antes de noviembre de 2015. De hecho, en el 2016 se estima cualificarían 90 personas ", señaló Delgado Colón.

La jueza recalcó que será un proceso paulatino, esto dado a que si es un confinado con una sentencia de, por ejemplo, 20 años, y se le concede una reducción de dos años, aún le restan 18 años de cárcel por cumplir. Si es una persona con una sentencia baja, podría beneficiarse de una reducción de apenas seis o 10 meses.

"Es poco a poco. Es gradual. Y toda persona antes de salir, siempre va a tener que pasar por el proceso regular que pasa un confinado federal al ser excarcelado, como ir seis meses a una casa media y tener un plan de salida aprobado. De ahí pasaría a la supervisión de la Oficina de Probatoria federal. No es que me abrieron la puerta y me fui", indicó Delgado Colón.

"En los que tienen niveles más altos, tal vez lo más que se pueden beneficiar es de dos años. Pero el que fue sentenciado, por ejemplo, en 2012 y le dieron una sentencia de 25 años, ya cumplió dos. Le vamos a bajar dos años con la enmienda, aún le quedan 21 años, por lo que saldría para 2036. Se benefició de la enmienda, pero no sale mañana", agregó.