Fue como si se estuviesen preparando para la llegada de un huracán. La misma incertidumbre y el mismo temor que se siente ante lo desconocido.

“Cierren todas las cosas, guarden todo en las gavetas y saquen todo lo que pueden necesitar en su casa, porque no sabemos cuándo volvemos”.

Con esas instrucciones amanecieron el 1 de octubre Edna Villanueva y José Iván Guzmán, dos empleados de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA) que desde el pasado martes están sin trabajo ante el cierre parcial del Gobierno de los Estados Unidos que también dejó en la calle a 4,000 trabajadores en la Isla.

“Fue chocante. Aunque había mucha incertidumbre nosotros no esperábamos que llegara, esperábamos que no se diera, pero una vez llegó la noticia no podíamos hacer nada. Algunos no lo aceptaron bien, pero hubo mucha resignación”, recordó Guzmán sobre el momento en que le confirmaron la clausura del gobierno.

El matrimonio por ahora está viviendo el día a día con el cheque de la última quincena y con los pocos ahorros que tienen, pero si el cierre se extiende, el panorama sería muy complicado.

“Si esto pasa de una semana, yo te diría que voy a estar seriamente en problemas... por ahora estamos estirando el cheque de la semana pasada. Yo tengo unos ahorros pero son para gastos planeados, como el pago de matrículas. Es bien difícil pensar en eso, es mejor no pensar”, expresó Villanueva.

Los días para la pareja comienzan y terminan viendo las noticias internacionales con la esperanza de que se emita un cese para poder regresar a sus trabajos. Es su mayor anhelo. “Estamos hasta bien tarde pendientes a ver qué pasa. Antes del 1 de octubre yo estuve hasta las 2:00 de la madrugada despierta”, recordó la mujer, quien trabaja en el área de asignación de fondos federales a agencias estatales hace 17 años.

Esta no es la primera crisis laboral que enfrenta la pareja. Para el 1995, cuando también se concretó un cierre parcial bajo la incumbencia de Bill Clinton, ya trabajaban para la dependencia.

En aquel momento, sin embargo, el panorama económico no era tan crítico y de lo que se hablaba mayormente era de una reducción laboral. Para evitar ser cesanteados se enfocaron en un proceso de capacitación para hacer de sus posiciones unas esenciales y así evitar los despidos.

“Eso fue cerca de Acción de Gracias y yo dije: ‘Ni pavito voy a poder comprar’. Creo que fue más difícil por el desconocimiento”, dijo Villanueva.

El más reciente golpe económico, sin embargo, lo recibieron meses atrás cuando entró en vigor una directriz a través de la cual le redujeron siete días y medio de trabajo, los cuales tuvieron que tomar entre el mes mencionado y septiembre. “Nosotros los cogimos en distintos períodos de pago para así no sufrirlo todo de cantazo”, explicó Guzmán, quien lleva 22 años en la EPA.

Su mayor preocupación en estos momentos, además de la estabilidad emocional de los cuatro hijos que tienen por separado, es cómo van a cumplir con sus compromisos económicos si el cierre se extiende.

“Nosotros tenemos hijos de matrimonios previos. En mi caso yo soy el sustento total para ellos. Ahora tengo que planear qué hacer con todo lo que ya yo pagaba con el cheque que esperaba la semana que viene... porque las cosas que son para mis hijos son más importantes”, sostuvo la mujer.

Relataron que han hablado con sus hijos y que han entendido la situación. Por ahora no han solicitado desempleo pero es algo que no descartan.

“Al menos tenemos unos ahorros con los que podemos jugar con ellos y manejar pero hay compañeros que viven peso a peso”, dijo, por su parte, Guzmán.

Al complicado panorama de los empleados federales y del cual Guzmán y Villanueva no están ajenos, se suma el hecho de que una vez se resuelva esta crisis pueda surgir una nueva cuando esté ante la consideración del Congreso el aumento del tope de la deuda, lo que se verá el 17 de octubre.

“Si el 17 no hay arreglo para subir la deuda nos quedaríamos sin trabajo otra vez porque no hay fondos para pagar. Esto no se vislumbra muy bien en un futuro cercano”, señaló la trabajadora.

Obviamente, les preocupa también el hecho de qué pasará con las querellas ambientales que reciben a diario y que ahora mismo no hay quién las atienda. Otra área que podría perjudicarse es la asignación de fondos federales a agencias estatales.

“Esas agencias que reciben fondos de nosotros tienen que someter una serie de documentación para que se les pague el trabajo que ya se hizo, pero si no estamos allí no se les va a pagar”, explicó Villanueva.

La oficina local de la EPA -que atiende la región del Caribe- cuenta con 63 empleados. De éstos, solo dos que trabajan con emergencias ambientales están on call.