El grupo Toabajeños en Defensa del Ambiente exigió este jueves el cierre del polígono de la Policía y el área de almacenamiento de explosivos en Isla de Cabras, Toa Baja, debido al alto grado de contaminación del área y a la falta de controles de seguridad para esa comunidad. 

El portavoz de la agrupación, Juan Camacho, hizo la advertencia frente al Cuartel General de la Policía, en Hato Rey, durante el anuncio de la campaña “Ni una Bala más en Isla de Cabra”, que se iniciará en diciembre, a la misma vez que el Gobierno lanza su tradicional cruzada de “Ni una Bala más al Aire” para exhortar a la ciudadanía a no disparar al aire en la despedida de año. 

“Operar un campo de tiro en el mismo lugar que opera un área recreativa es una aberración que no tiene explicación ni mucho menos justificación. Queremos pedir el cierre total de ese polígono. Ese polígono está totalmente contaminado, tiene un suelo que está contaminado, lleno de casquillos, con plomo. Esas sustancias se riegan hacia el agua. (Además), se está utilizando como almacén de explosivos”, denunció Camacho, quien no descartó en su lucha escalonada el recurrir a la desobediencia civil. 

A su vez, alegó que hay seis instructores de tiro afectados por la contaminación con plomo, los cuales fueron referidos a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE). 

“El superintendente (José Luis Caldero) plantea que ahora va a ver si el lugar está contaminado para tomar una determinación. Ya EPA (Agencia de Protección Ambiental) determinó que eso estaba contaminado”, insistió el portavoz. 

La EPA ha intervenido en dicho polígono en los años 1997, 1999, 2004 y el 2009, por la contaminación en el área, agregó Camacho. 

Asimismo, el líder comunitario denunció que el polígono es administrado de manera irregular, sin los permisos y los controles requeridos por las leyes estatales y federales. 

Entre los incidentes recientes, que a su juicio reflejan un descontrol administrativo del campo de tiro, figura el uso de las facilidades por parte de tres alcaldes en una competencia de tiro en alegada violación a las Leyes de Armas, de Ética y al reglamento de la agencia. La Oficina de Fiscal Especial Independiente (FEI) investiga estos hechos. 

“Hace unos días también dos mujeres policías resultaron heridas dentro del polígono. El mismo día y en hechos por separado, hubo un incendio que destruyó un almacén de municiones en el lugar, hubo un robo de 100 armas dentro del polígono y en una demostración de pirotecnia se desarrolló un fuego. Esas son situaciones de caos administrativo”, detalló Camacho. 

Las alegaciones del líder comunitario también incluyeron el que la Policía necesita un permiso de uso para operar el polígono, ya que alteraron la construcción original que data del 1970 sin autorización y una certificación del Departamento de Recursos Naturales.

“El superintendente no tiene ‘standing’ para decirle a la gente que en Navidad no tiren un tiro al aire, porque lo está haciendo todos los días sin ninguna clase de permiso”, sentenció. 

A su vez, indicó que en el año 2004 el alcalde de Toa Baja, Aníbal Vega Borges, ofreció un lugar para mudar el campo de tiro y la Policía lo rechazó, al igual que lo hicieron con una propuesta de la Compañía Parques Nacionales. 

Camacho concluyó que se proponen llevar a cabo manifestaciones en diferentes lugares y no descartaron cerrar las instalaciones. 

“Vamos a hacer cualquier acto de desobediencia civil para demostrarle al superintendente y al gobernador (Alejandro García Padilla) que ellos están violentando las leyes y nosotros vamos a hacer algún acto de desobediencia civil que llame la atención de la opinión pública de lo que está pasando”, aseguró el toabajeño, quien estuvo acompañado de otros ciudadanos que apoyan la campaña. 

El superintendente de la Policía, José L. Caldero López, por su parte, indicó que se iniciaron las gestiones para contratar una compañía privada que les certifique si estas instalaciones están contaminadas. 

Al mismo tiempo, dijo que desconocía que la EPA hubiese certificado la contaminación con plomo en ese campo de tiro.

“Este es el polígono más importante de la isla, ahí se adiestra a toda la Policía del área metropolitana y las agencias federales, ya iniciamos una investigación y nosotros vamos a contratar una compañía para que nos certifique si hay contaminación, pero como no hay peritaje estamos en ese proceso”, detalló Caldero López.

A su vez, sostuvo que no le consta si personal de la Administración de Seguridad y Salud Operacional (OSHA, por sus siglas en inglés) ha inspeccionado el polígono de Toa Baja ni ningún otro en la isla. 

Sobre la posibilidad de que los ciudadanos cierren los accesos al polígono como parte de su método de protesta advirtió que no lo permitirá. 

“Nosotros vamos a respetar los derechos de todo el mundo, pero no podemos permitir un cierre de esa forma del polígono más importante de la Policía”, dijo.