Hay leyes federales y locales que reglamentan las instituciones bancarias, pero todavía queda un margen de confusión en lo que se refiere a los cajeros automáticos independientes.

La labor de DACO es velar por el consumidor, explicó su secretario Nery Adames.

Sin embargo, la ley orgánica del DACO no hace mención de que los cajeros sean de su competencia. 

“En el caso de los cajeros automáticos, juzgamos que la agencia ... es la Oficina del Comisionado de Asuntos Financieros (OCIF)”, ya que el tema está enmarcado “dentro de los que se concibe como una transacción o negocio bancario”, dijo Adames.

Según la abogada Ana Montañez, secretaria auxiliar de Hacienda, su agencia no tiene otra labor que fiscalizar que los tenedores de estos cajeros remitan sus contribuciones como exige la ley. 

Relacionadas

Rivera Filomeno, en compañía de la senadora Migdalia Padilla, hizo varias preguntas en cuanto a quién sería la persona que velaría por el consumidor en caso de un sobrecargo o que una de estas máquinas no entregara el dinero completo, pero DACO ni Hacienda pueden intervenir.

Le quedaría al consumidor llamar al número telefónico provisto en cada máquina (que debe conectarlo a MetaBank, la compañía que aquí hace la mayoría de estas transacciones) para hacer la reclamación.

Sorprendida

La asesora legal de Sky Processing, Agnes Martínez, acudió a la vista para defender que su empresa sí cumple con las reglamentaciones, paga contribuciones, CRIM y cumple con la ley, por lo que “no se debe generalizar” a toda la industria por algunos que no lo hagan.

La portavoz de una de las seis operadoras que dan servicios en la Isla (incluyendo a Cardtronics, ShareNet, EZ Payments, National Link e ITS) recalcó a Primera Hora que los cargos por servicio varían con respecto a dónde está el cajero automático y lo que se paga de renta por estar en cierto local.

“Las palabras de Cardtronics me sorprendieron por que públicamente siempre han establecido que los cajeros automáticos independientes están igualmente regulados que el resto de los cajeros y que ciertamente cumplen con las regulaciones y cada compañía tiene que registrarse aquí para hacer negocios, tiene que registrarse en Hacienda, presenta sus planillas, paga contribuciones, está registrado en el CRIM, paga por cada cajero incluyendo el efectivo que provee cada equipo”, señaló.

Según Martínez, la Ley 217 del 2015, de Registro de Máquinas Expendedoras, requiere a todo operador indicar quién es el comerciante, el número de registro, ubicación exacta y dónde está cada ATM.

“Toda esa información la posee el gobierno. El problema es que el gobierno no se comunica entre sí. Ese es uno de los mayores retos. No es que no esté la información. Hacienda tiene la información sobre el operador; la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) tiene la información”, expresó.

La abogada explicó que cuando se establece una máquina expendedora, OGPe emite un marbete con un número único de registro “que donde quiera que se mueva esa máquina, hay que decirle a OGPe dónde va”.

 “El sistema ahora es que viene a estar disponible y están en el proceso de registrarlas todas, pero por lo menos nosotros estamos bien adelantados en el proceso de registrar”, agregó.