Poco más de una docena de residentes de la urbanización Mansiones de Hacienda Jiménez en Río Grande, realizan una manifestación frente a las oficinas de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) para reclamar que esa agencia tome acción con el problema de pozos sépticos ilegales en su comunidad.

Esta comunidad, desarrollada por el convicto por crímenes ambientales, Braulio Agosto, hace 11 años lucha porque se atienda el problema de desbordamiento de aguas sanitarias en su comunidad por la construcción ilegal de pozos sépticos por parte del desarrollador.

"Las personas tienen que ponerse en nuestros zapatos. ¿Cómo se sentirían ustedes si se van a bañar y cuando entran a la bañera está llena de excremento?", cuestionó Sonia Cuevas, portavoz del grupo.

"Somos 55 familias allí que ya no soportamos más vivir entre el excremento y la peste. Le reclamamos a la EPA y al Departamento de Salud de Puerto Rico a que tome cartas en el asunto y evite una tragedia ambiental", añadió.

Dos representantes de la comunidad fueron atendidos por José Font, director de la EPA en la Isla y el ingeniero Jaime Geliga, quien lleva el caso desde sus inicios.

Según explicaron los funcionarios federales, existe una orden del tribunal federal que obliga a Agosto - quien se encuentra cumpliendo tres años de probatoria-  a construir un sistema nuevo de alcantarillado sanitario para aliviar el problema de desborde de aguas usadas en la comunidad.

"Entendemos que es un reclamo genuino de la comunidad pero el caso contra el desarrollador se vio en sus méritos y hubo una sentencia. Nos reuniremos con el oficial de probatoria para ver en qué estatus se encuentra la construcción", aseguró Font.

Los vecinos temen que Agosto esté dilatando el proceso de construcción en espera de que concluya su periodo de probatoria y librarse de la responsabilidad de mitigar la situación de desbordamiento de aguas usadas en la comunidad.