El rector y la Junta de Directores del Conservatorio de Música de Puerto Rico expresaron este lunes su oposición al proyecto del Senado 1428, que propone que esa institución y la Escuela de Artes Plásticas pasen a formar parte del sistema de colegios regionales de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

“Se trata de un asunto sumamente complejo que requiere definición de objetivos claros y una discusión abierta con la comunidad universitaria que demuestre que esta medida realmente contribuirá a mantener la excelencia académica y los ahorros presupuestarios”, indicó la presidenta de la Junta, María Cristina Firpi.

En una declaración conjunta, Firpi y el rector, Carlos Conde, indicaron que la estructura propuesta, lejos de dar agilidad y producir ahorros, creará “una burocracia sumamente onerosa que en nada abonará al control de costo que persigue el proyecto de ley”.

Argumentaron que el modelo académico del Conservatorio es muy distinto al de la UPR y sus recintos. “Como parte del proceso de planificación estratégica se contempla desarrollar un plan de acción conducente a incrementar la autosuficiencia económica de la institución y esto es posible gracias a la autonomía que disfruta el Conservatorio que le permite potenciar relaciones con instituciones e individuos que apoyan su gestión cultural”, dijo el rector.

Añadió que dichos esfuerzos se dificultarían al diluir el Conservatorio dentro de una estructura tan compleja y distinta como es la UPR.

Los directivos advirtieron sobre las repercusiones que puede tener en la acreditación de la institución la aprobación de un proyecto como este sin una discusión abierta y sin el apoyo de la comunidad universitaria. Añadieron que la propuesta coloca en riesgo “un centro especializado dedicado a la enseñanza de ejecución musical, que es único en Hispanoamérica”.

Por su parte, la facultad del Conservatorio, luego de reunirse el pasado jueves, acordó objetar la propuesta por entender que la problemática que pretende solucionar puede ser atendida de manera distinta, sin afectar la autonomía de la institución. 

“La facultad exige que además de las habituales ponencias en las cuales participarán las autoridades institucionales del Conservatorio, se asegure la participación de los portavoces de los diferentes sectores de la comunidad académica y programas bajo la estructura organizativa del Conservatorio, a saber, la facultad, los estudiantes y el personal no docente”, indicó uno de los portavoces del grupo, Luis Hernández Mergal.

La medida, del senador Antonio Fas Alzamora, transfiere y consolida las operaciones y activos del Conservatorio y la Escuela de Artes Plásticas a la UPR.

La semana pasada el rector interino de la Escuela de Artes Plásticas, Carlos Rivera, expresó también reservas al proyecto de ley, que está pendiente de ser evaluado en vistas públicas por la Comisión de Gobierno del Senado.

“En estos momentos debo indicar que esa (la propuesta de Fas Alzamora) es una opción que hay que estudiarla. No la descartamos, pero tampoco decimos que es la opción final o que es la que más le beneficia a la institución. Debe ser analizada por la comunidad universitaria y estudiada y avalada por nuestra comunidad”, recalcó Rivera.

Según Fas Alzamora, con la propuesta busca evitar que la Escuela y el Conservatorio se vean afectados por los recortes en el gobierno. Alega, además, que ahora las instituciones son fiscalizadas por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y no son tratadas como entidades educativas.

La medida transfiere a la UPR el presupuesto que actualmente le asigna la OGP a ambas instituciones para efectos de la transición, pero en años subsiguientes participarían de la fórmula especial de asignación de fondos del 9.6% del total de recaudos del gobierno central que nutre la UPR.

La pieza legislativa ordena a la Junta de Síndicos de la UPR atemperar la estructura administrativa y académica del Conservatorio y de la Escuela de Artes Plásticas al sistema de Colegios Regionales de la UPR. Dispone que los empleados de carrera y/o regulares de ambas instituciones pasarían a ser empleados de la UPR y establece también que la universidad asumirá los convenios colectivos vigentes al ocurrir la transición.