En momentos en que se discute la posibilidad de establecer mayores controles a los mayoristas, el licenciado Humberto Malavé, secretario auxiliar a cargo de la OAM, opinó que el marco regulatorio de la industria de la gasolina en Puerto Rico es suficiente, y planteó que se podría evaluar si es posible reducir la intervención del Estado en las operaciones de los detallistas. 

Malavé compareció ante la Comisión senatorial de Relaciones Laborales, Asuntos del Consumidor y Creación de Empleos, que preside el senador Luis Daniel Rivera Filomeno, en una de las últimas vistas sobre la investigación acerca de los motivos por los que las recientes bajas en el precio del barril del crudo no necesariamente se reflejan en igual magnitud en las bombas de gasolina. 

A juicio del titular de la OAM, suele ser un asunto de “percepción” el que, cuando aumenta el precio del petróleo, se dispara el costo de la gasolina, pero cuando disminuye, la baja en el combustible es más gradual o menos evidente. 

“Eso, generalmente, tiene que ver más con la percepción que con la realidad. En términos generales, cuando los precios fluctúan en las bombas, es respuesta directa a las distintas fluctuaciones de precios, no solo del petróleo, sino de los componentes de la cadena vertical hasta que llega a la bomba de gasolina”, manifestó el funcionario a preguntas del senador popular Rivera Filomeno.

“Entiendo que, ahora mismo, los precios son justos y razonables. Podrían estar un poco más bajos siempre, pero, que haya una correlación directa de los precios del petróleo, de los precios de los mayoristas y el precio que pagamos en la bomba, no podría decirle que hay una correlación”, abundó. 

Malavé detalló que la OAM fiscaliza a los diferentes componentes de la industria de la gasolina por mandato de diversas leyes, incluida la “Ley de Reglamentación y Control de la Industria de la Gasolina” (Ley 73-1978) y la “Ley de Monopolios y Restricciones al Comercio” (Ley 77-1964).

Mencionó que la OAM examina, entre otras cosas, que no exista un vínculo operacional entre un refinador, un productor de petróleo o un mayorista y las estaciones de servicio al detal. Igualmente, evalúa los contratos que suscriben los mayoristas y los detallistas del combustible. 

“Entiendo que la intervención del Estado, respecto a la gasolina, es suficiente y adecuada. En Puerto Rico, está bastante regulado el tema. Mi perspectiva es que se mantenga así siempre que sea necesario. De no ser necesario, podríamos, de ser permisible, ver cómo podemos dar más herramientas a los detallistas para que puedan tener menos regulación diaria”, mencionó.

El funcionario del DJ dijo que, al presente, la oficina que dirige tiene ante su consideración entre 50 y 60 querellas por investigar, y aunque no ofreció detalles debido a la política de confidencialidad de la agencia, estimó que son muy pocas las que han sido presentadas por detallistas de gasolina. 

Cuando comparecieron ante la comisión del Senado, los representes del sector de venta al detal criticaron la operación de los mayoristas, y señalaron que, al venderles la gasolina, sus precios no reflejan la baja en el precio del barril de petróleo.

Rivera Filomeno expresó a este medio que la investigación legislativa se encuentra en etapa final, e insistió en que su recomendación al secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Nery Adames, será que se controle el margen de ganancias de los mayoristas, al menos de manera provisional. 

El titular del DACO, quien fue el primer deponente que compareció en el proceso de vistas, fue citado nuevamente para el miércoles. En esa ocasión, el senador del Partido Popular Democrático (PPD) procurará presentarle toda la información recopilada durante la investigación y que, según él, justificarían controlar los márgenes de precio de los mayoristas. 

“Me gustaría que el DACO tuviera todos los elementos esbozados en las vistas públicas para que tengan más herramientas, y estoy casi seguro que lo van a llevar a tomar esa decisión”, puntualizó Rivera Filomeno.