El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Michael Pierluisi Rojo, extendió por diez días adicionales las órdenes de congelación de precios a los artículos de primera necesidad y a los márgenes de ganancia en la venta de gasolina, diésel y gas licuado, se informó hoy mediante comunicado de prensa.

Según el comunicado, en el caso de la orden de congelación de márgenes de ganancia en la venta de gasolina, diésel y gas licuado, el DACO actuó desde el 25 de agosto, anticipando que al azote de Harvey en la zona de Texas tendría un impacto en el mercado de referencia, y luego se extendieron por el paso de Irma y luego por María.

“Las órdenes de congelación de precios, por su lado, se emiten con el objetivo de evitar abuso contra los consumidores y alzas injustificadas de precios en momentos de emergencia. Aunque la administración de nuestro gobernador Ricardo Rosselló trabaja afanosamente por resolver y aliviar las dificultades que han causado en la cotidianidad de los puertorriqueños los huracanes Irma y María, aún es necesario darle la mano al consumidor y mantener sus protecciones”, indicó Pierluisi.

Actualmente, alrededor de 300 inspectores- entre personal de DACO, Hacienda, Centro de Recaudación de Ingresos Municipales y el Contralor- fiscalizan el cumplimiento de ambas órdenes. 

Han realizado más de 4,000 inspecciones y se han emitido más de 400 multas, sin contar cientos de requerimientos de información. 

Ojo al comprar autos usados

De otra parte, el Secretario informó que emitió esta semana una orden interpretativa que concluye que el vendedor de un vehículo de motor está obligado a informar al consumidor que el vehículo en venta estuvo inundado. La notificación tiene que ser tanto verbal como escrita.

“Somos del criterio que el concepto impactado- según utilizado en la Regla 30.2- es de tal amplitud que incluye inundaciones que haya sufrido un vehículo usado con anterioridad a la venta del mismo”, expresó Pierluisi.

El Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor tiene como propósito proteger adecuadamente a los consumidores y sus inversiones en la adquisición de vehículos de motor, garantizar la vida y la propiedad, y  prevenir las prácticas ilícitas en la venta de vehículos de motor en Puerto Rico.