Una demanda radicada por el Departamento del Trabajo federal contra un caficultor, solicitando un interdicto por no cumplir con la Ley de Normas Razonables del Trabajo (FLSA, por sus siglas en inglés) ni con el salario mínimo federal, podría tener implicaciones "potencialmente devastadoras" a esta industria, por lo que un juez federal ordenó que se le notifique al gobierno estatal y sus departamentos de Justicia y del Trabajo para que se unan como parte en el caso o como amigos de la corte.

El juez federal Salvador E. Casellas emitió una orden a los efectos de que el gobierno de Puerto Rico comparezca en este caso radicado en el 2013, cuyo propósito es que se le pague el salario mínimo federal a los recogedores de café, que al momento son pagados alrededor de entre $5 y $5.25 por cada almud de café maduro recogido.

El gobierno tiene hasta el 14 de noviembre para notificar si comparecerán.

"La extensión de la Ley de Normas Razonables del Trabajo (Fair Labor Standards Act) y el salario mínimo para la industria del café en Puerto Rico levanta asuntos de interés público que podrían alcanzar (y potencialmente devastadoras) implicaciones en esa industria maltrecha", manifestó Casellas en su orden, al explicar que por eso la participación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sería meritoria.

La demanda fue radicada por el secretario del Trabajo federal, Thomas E. Pérez, en contra del Beneficiado de Café Las Indieras, Inc., que hace negocio como Hacienda Remanso de Paz, localizada en Yauco, y a quien identifican como su presidente, Wilfredo Ruiz Vargas.

La reclamación indica que la corporación se dedica a sembrar, cultivar, recoger, procesar, empacar y vender café y otros productos, pero que le paga $5.25 la hora y $5 por almud de café recolectado. Dice que es menos del estatutorio mínimo, que supuestamente no tienen un registro de nómina, y que están en violación desde por lo menos el 27 de septiembre de 2011. Por lo tanto, solicitan un interdicto por entender que están reteniendo el dinero de la compensación mínima a sus empleados.

La respuesta de la parte demandante fue que en todo momento han actuado "de buena fe", siguiendo las regulaciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que controla el precio del café y que "ha dicho que el salario mínimo federal no aplica a estos caficultores para poder hacer el negocio del café más factible en Puerto Rico". Aclaró que de ser oficial que aplica el salario mínimo en esta industria, "lo que la parte demandada no acepta necesariamente", comenzarían a pagarle a sus empleados prospectivamente lo que se establezca.