Si ayer pasó por un peaje y notó que la cifra estaba más alta, no fue que se confundió. De hecho, usted pagará $7.00 por cada viaje que haga a través de la autopista De Diego (PR-22) entre Hatillo y San Juan, 75 centavos adicionales a los que invierte actualmente. Pero, imagínese que en el 2015 tenga que enfrentar un aumento similar, en el 2016 y en el 2017 también.

Y es que Metropistas -compañía administradora de los expresos PR-22 y PR-5- tiene la potestad de aumentar el precio de las plazas de peaje de ambos tramos prácticamente cuando desee, según establecido en el contrato firmado entre la empresa y la Autoridad de Carreteras por los próximos 40 años a través de una Alianza Público Privada (APP).

El documento indica que el incremento debe regirse por la tasa establecida del Índice de Precios del Consumidor de Estados Unidos más 1.5% para ajustarlo al nivel de inflación local para inversiones de capital.

Aunque no se puede establecer una proyección final en el Índice de Precios del Consumidor por los años subsiguientes, ya que el mismo está sujeto a que el costo externo –que es todo aquello que no se puede controlar– se mantenga estable, por los pasados años ha oscilado entre un 1% y 2% a pesar del alza en el costo de la gasolina y los servicios básicos de agua y luz, indicó la economista Martha Quiñones.

Así que, basado en un aumento en la canasta de bienes de un 2% más el 1.5% establecido en el contrato, las plazas de peajes establecidas en este tramo podrían enfrentar un alza de entre tres y siete centavos en el 2015 que se sumaría al que entró en vigor desde ayer. Mientras, en el 2016, el incremento podría ser uno similar, llevando a prácticamente los $2.00 el peaje de Manatí, el más caro del tramo.

El alza que arrancó ayer, sin embargo, ronda en el 7% debido a que el mismo está basado en los dos años de vigencia del contrato, explicó el representante Jesús Santa, presidente de la Comisión Conjunta para las Alianzas Público Privadas de la Cámara de Representantes. “El contrato lo permite y lo pueden hacer anualmente”, estableció el legislador.

El costo de vida para los consumidores a nivel local aumentó en 1.9% entre julio del 2012 y julio del 2013, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor que prepara el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH). Este cálculo es un indicativo estadístico que mide, entre dos períodos específicos, el cambio ocurrido en los precios en todo lo que consumen las familias.

La Legislatura se apresta a adentrarse aún más en el tema, pero Santa reconoció que están de manos atadas. “Tengo que ser bien sincero. En un principio, hay un contrato firmado y está ejecutado. Eso, obviamente, no evita que uno haga el análisis de revisitar el contrato”, señaló sobre lo complicado del panorama para revertir el inminente alza Habría que demostrar deficiencia o no cumplimiento, dijo.

A esto se suma que aún quedan detalles por cuestionar, como el hecho de por qué se utiliza el Índice de Precios del Consumidor de Estados Unidos, el cual, por ejemplo, incluye el costo de la calefacción, un servicio que no se utiliza localmente.

Inconcebible decisión

Quiñones lamentó el nuevo golpe que recibe en su ya maltrecho bolsillo los consumidores, más aún que lo que se le concedió a la empresa es algo por lo que la clase trabajadora ha luchado por años.

“A los trabajadores se les niega un ajuste de salario según la inflación y el costo de vida, pero cuando van a negociar con una APP dejan pasar eso. Es algo que los sindicatos han gestionado por años para que los trabajadores y jubilados no se queden más pobres y siempre se lo han negado”, señaló Quiñones.

El alza continua que puede establecer Metropistas amenaza contra la estabilidad económica de la que pueden gozar algunas familias que toman la decisión de vivir fuera del área metropolitana para rendir el peso, explicó Quiñones sobre las posibles consecuencias.

“El problema con los peajes es que como tienen eso firmado, lo pueden hacer continuamente. En Puerto Rico hay muchas familias que no viven en el área metropolitana porque no le dan sus ingresos, porque tienen que estar cerca de sus familias para que los ayuden con el cuidado de sus hijos y que usan diariamente ese tramo para llegar a sus trabajos”, mencionó.

Una persona residente en Hatillo y que trabaja en Guaynabo tendrá que tomar diariamente seis plazas de peaje de la PR-22 para un total diario de $7.00. Semanalmente estaríamos hablando de $35 y al mes se traducirían $140. Esto sin contar con lo que invierte en comida y gasolina, que en estos momento ronda en los 91 centavos el litro.

“Entre eso (el peaje) y la gasolina, vas a tener que dejar de comer o comerte unas papitas fritas y una lata de refresco, que es lo único que puedes pagar”, precisó Quiñones.