La Oficina del Contralor emitió un informe parcialmente adverso contra el Municipio de Juana Díaz, se informó mediante comunicado de prensa.

Según el comunicado, se trata de desviaciones de ley y de reglamentación con la administración del presupuesto del municipio de Juana Díaz.

El ayuntamiento tiene numerosos déficits acumulados de 2011 al 2014 por $531,606, $936,227, $1.66 millones y $416,777 respectivamente, según el comunicado de la Oficina del Contralor que alude a un reciente informe de esa dependencia.

Del informe se desprenden las respuestas del municipio, administrado por el alcalde Ramón Hernández, entre ellas, respecto a los déficits, que heredó el municipio con déficit y que ha logrado recientemente superávit.

"Trabajamos fuerte y continuamente, en beneficio de nuestro pueblo; enfocados en enfrentar la adversidad y luchar para reponernos de la misma", dijo el Municipio.

La Oficina del Contralor de cualquier manera entiende que el hallazgo prevalece.

En otros hallazgos, el Municipio incurrió en sobregiros en 23 fondos especiales por $2.02 millones, se indicó.

Asimismo, la auditoría señala que el Municipio tuvo que desembolsar $1.13 millones (que tomó prestados al Banco Gubernamental de Fomento) por una demanda que 62 empleados despedidos por razones políticas en el 2001, ganaron en los Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo de Puerto Rico. El Municipio incurrió además en gastos legales por $333,489.

El Informe de 8 hallazgos y dos comentarios especiales indica que se pagó $17,368 en exceso a un contratista por la construcción de un mini estadio, se realizaron compras sin cotizaciones y sin emitir las órdenes de compra, y se retuvieron contribuciones en el origen que se  remitieron al Departamento de Hacienda con hasta 1,115 días de tardanza.

Entre esos comentarios especiales figura que en el 2011 se desembolsaron $12,000 a una demandante por acoso sexual y laboral, y que al 31 de diciembre de 2014 estaban pendientes de resolución por los tribunales 16 demandas civiles por $3.22 millones y 7 otros casos pendientes por la Comisión Apelativa del Servicio Público.

La opinión de la Contralora es parcialmente adversa y cubrió el período del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2014, según se indicó.