Luz D. Miranda Vázquez ha sido trabajadora social escolar por dieciséis años, diez de estos en los niveles de intermedia y superior. Durante ese periodo ha trabajado con adolescentes involucrados en el consumo de drogas, una realidad que actualmente impacta particularmente a “unas cuarentas” escuelas del sistema público de enseñanza, identificadas como espacios donde se venden drogas, según confirmó a Primera Hora el secretario de Educación, Rafael Román.  

La preocupante realidad es enmarcada con la encuesta más reciente de Consulta Juvenil VIII (2010-2012), realizada en escuelas públicas y privadas, que reveló que la substancia más utilizada por los adolescentes alguna vez fue el alcohol (48.6 por ciento), sin embargo, se detectaron “alzas substanciales en el uso de drogas” ilícitas, entiéndase inhalantes, marihuana o hashish, cocaína, crack, heroína y drogas de diseño.

El uso de marihuana mostró el alza más marcada –dice el informe– al duplicarse su prevalencia de 6.1 por ciento (2005-2007) a 12.4 por ciento (2010-2012). También hubo un aumento en el uso de pastillas no recetadas luego de la consulta de 2005-2007 y el 4.1 por ciento dijo  haber vendido drogas, aunque la conducta violenta o delictiva más reportada entre sus amigos fue la venta (19.8 por ciento).  

Miranda Vázquez, ¿por qué es necesario trabajar con este asunto de manera determinada? 

“Si no se hace, esperar que eventualmente cuando existan estadísticas de las drogas, quien sabe si lleguen hasta el nivel elemental y afecte niños, y tengamos jóvenes inoperantes, con ninguna capacidad de pensar de manera crítica y capacidad de análisis que los lleve al éxito. Es un problema serio y triste, es un problema de todos, pero los padres tienen que hacer más.”

De acuerdo con la trabajadora social escolar, miembro del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico (CPTSPR), luego de que se le incauta la droga a un estudiante, se llama a los padres y se le notifica a la Policía; a la misma vez, se le hace un reporte al Departamento de Familia para que inicie una investigación sobre el ambiente del menor de edad. También se canaliza un proceso en la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca).

¿Hay consecuencias legales?  

“Al entrar la Policía, la agencia determina si hay una querella o acción legal.”

¿Quién identifica al estudiante?

“En el caso del usuario, el maestro (por ejemplo) lo identifica por el tipo de comportamiento: ojos rojos, soñoliento, eufórico, ese tipo de cosas. En el caso de los menores que están en la venta, casi siempre porque algún personal o estudiante da la información.”

¿Por qué es difícil identificar la venta de drogas en una escuela?

“Es difícil que una persona acepte que sí está el punto de drogas. Los jóvenes se protegen entre ellos mismos y la actividad opera como opera en los puntos de drogas externos: se callan, ven las cosas y no las dicen por miedo a represalias. Es más fácil (comprar en la escuela) que el ir a la comunidad donde me pueden identificar personas que pasan por el lugar, la vecina, la tía; pero dentro de la escuela, a menos que los estudiantes choteen o algún adulto identifique, es un poco más difícil… Es mucho más accesible para mí como estudiante, lo tengo a la mano.” 

¿Cómo afecta la presencia de drogas a la comunidad escolar? 

“Afecta el orden institucional de la escuela en su totalidad, pueden surgir peleas y tienes estudiantes con faltas de controles. Además, cuando consume, en el salón de clases se afecta el aprovechamiento académico porque está en euforia, no tiene control de los impulsos, no está atento y en las clases se forma un relajo y el maestro trata de controlar a ese estudiante.”

 ¿La importancia de identificar y detener el asunto para que no vaya en escalada? 

“Al identificarlo a tiempo podemos contribuir a que se detenga el uso que es el proceso inicial de consumo, el abuso es cuando la persona se vuelve usuaria. Si lo identificamos a tiempo podemos aprovechar y salvar el aprovechamiento académico del menor y su conducta socioemocional para que contribuya a la sociedad, que sean jóvenes productivos, que tengan metas establecidas; minimiza los eventos de violencia en las escuelas. En un futuro tendremos jóvenes profesionales con la capacidad de producir. Si usan marihuana y otras drogas, ¿qué cerebro va a tener ese joven cuando finalice cuarto año? Ninguno. Sus neuronas van a estar en otro nivel. ¿Y cómo las va a recuperar? Estos son los que no terminan el cuarto año o si llegan a la universidad no tienen la capacidad de análisis porque realmente no tienen neuronas para funcionar y la toma de decisiones es mucho peor, si no tienen la capacidad de analizar no podrás tomar decisiones sabias en tu vida.

¿La responsabilidad es compartida? 

La responsabilidad es compartida, no es solo del Estado, los padres, la escuela ni de las instituciones responsables. 

¿Qué soluciones le ve a este problema?

“Sin violentar los procesos, los derechos humanos que nos cobijan a todos, la sociedad como el gobierno,  la comunidad y el Departamento de Educación deben establecer protocolos. Que el director tenga capacidad de si identifica un punto de drogas, lo pueda eliminar, pero se garantice su seguridad y la de su propio plantel. El estado garantiza el derecho a la educación pues entonces que la garantice de manera óptima, no a medias, con seguridad. Se necesita la unión de todas las agencias, la Policía, Educación, Assmca, en pro de erradicar los puntos de drogas dentro de las escuelas.”

El secretario Rafael Román informó a Primera Hora, según  publicado hoy en la edición impresa del periódico, que “unas cuarenta” de las 1,461  escuelas públicas han sido identificadas como lugares donde se vende drogas. El proceso de identificación duró  “como unos cuatro meses” pero se reservó el nombre de los pueblos porque está en curso un “operativo de seguridad” en conjunto con la Policía.