Como no hay que esperar a que un agente te de una paliza ni a que un hospital te niegue servicios de salud para crear conciencia sobre los derechos humanos de los inmigrantes, líderes de organizaciones que trabajan con la comunidad dominicana realizaron un conversatorio en el que reiteraron que el principal discrimen contra ellos es el institucional.

“Si no das a conocer las barbaridades que hacen por ahí, el pueblo no se entera, no se pone de pie”, señaló Esteban Reyes, líder del Comité Dominicano de Derechos Humanos.

Y es que, según contaron, son múltiples los casos en los que miembros de la comunidad dominicana son objeto de persecución, de ataques y, en casos terribles, de homicidio por parte de figuras de autoridad.

“La Policía en los últimos años ha asesinado a varios”, afirmó José Rodríguez, líder del Comité Dominicano de Derechos Humanos, quien añadió, además, que las investigaciones de esos casos suelen estar llenas de irregularidades.

El más reciente caso es el del pelotero Agustín Javier Peguero, quien murió el 8 de noviembre a manos de un capitán de la Policía del municipio de San Juan. Su madre, Ana Peguero, llorosa volvió a reclamar justicia para su hijo.

“Él fue un hijo bien ejemplar. Vamos a luchar hasta la último. ¡Quiero justicia por mi hijo Agustín Peguero!”, reclamó la mujer, que fue voluntariamente al podio a ofrecer sus testimonio de dolor.

La circunstancias de la muerte de Peguero, quien recibió un disparo en el pecho, están bajo investigación.

Pero, aunque lo más trágico -por lo irreversible- es la muerte, hay dificultades que matan un poco cada día.

Rodríguez mencionó que, por ejemplo, muchas de las dominicanas que llegan al país trabajan como empleadas domésticas, cuidadoras de niños y niñas y de personas mayores.

Por esa labor no se les paga seguro médico ni las cubre el Fondo del Seguro del Estado si tienen un accidente en su trabajo.

“Cuando se caen y tienen un accidente tienen que irse para su casa y la remplazan por otra persona”, denunció.

Eso, a juicio de las entidades que trabajan por los derechos de los inmigrantes, es trata humana y así quieren llevar los casos en un acuerdo con la Sociedad para la Asistencia Legal.

Los obreros de la construcción también viven la experiencia laboral sin ningún tipo de protección patronal.

“Detrás de cada inmigrante siempre hay cuatro, cinco y hasta seis personas que son sustentados por el trabajo de esa persona”, afirmó.

El líder del Comité aclaró que el discrimen contra la comunidad dominicana no es del “pueblo puertorriqueño; el discrimen casi siempre es en instituciones”.

“Los campeones son la Policía estatal y municipal”, reiteró.