Abogados de los residentes de la comunidad Villas del Sol de Toa Baja buscaban hoy un punto de consenso entre el gobierno y funcionarios de la Agencia federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) para evitar que unas 200 familias sean desalojadas de sus viviendas por estar enclavadas en terrenos ocupados ilegalmente.

Yadira Nadal, portavoz de FEMA, confirmó que en la reunión se examina una solicitud de los vecinos para una extensión de los términos del desalojo.

"Vamos a iniciar la evaluación de eso", dijo la funcionaria.

En el cónclave, que se celebrara en la sede de FEMA en Hato Rey, participaban abogados de la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU en inglés), representantes legales de los residentes, funcionarios de la Autoridad de Tierras, del Departamento de la Vivienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

Hasta le fecha, FEMA ha otorgado ocho extensiones a la orden de desalojo de los terrenos donde ubica la comunidad.

El desahucio obedece a un acuerdo entre el gobierno local y FEMA que dispone que, en caso de una emergencia, esa dependencia estadounidense no ofrecería ayuda económica a los vecinos de Villas del Sol que resultaran afectados por la comunidad estar enclavada en terrenos susceptibles a inundación que habían sido desalojados previamente.

El Departamento de la Vivienda gestiona en los tribunales el desalojo de los cerca de 200 residentes de Villas del Sol aludiendo a la peligrosidad de los terrenos.