Las entidades que ofrecen servicios legales gratuitos en la Isla lanzaron una señal de alarma ante la posibilidad de que dichos servicios desaparezcan, si se aprueban las propuestas de recortes fiscales de la administración del presidente Donald Trump que, entre otras importantes entidades que sirven a las personas más desventajadas, eliminaría la Corporación de Servicios Legales (LSC, en inglés).

Como explicaron un grupo de abogados, profesores y estudiantes de derecho en una conferencia liderada por la Mesa de Trabajo de Acceso a la Justicia y el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, la LSC contribuye de manera vital a la subsistencia Servicios Legales de Puerto Rico, Pro-Bono, Inc., y la Oficina Legal de la Comunidad, entidades que atienden decenas de miles de casos cada año en los que están involucradas personas que no cuentan con los recursos económicos para pagar por abogados.

Asimismo, la LSC financia los servicios de representación legal de cientos de miles de casos a través de los otros estados, en muchos de los cuales también están involucrados puertorriqueños y sus descendientes que no cuentan con los recursos para costear abogados.

Hay que señalar que, si bien existe un derecho constitucional a que a toda persona se le asigne un representante legal cuando enfrentan procesos de casos criminales, tal derecho no se garantiza en los casos civiles. Entre esos casos civiles que quedarían amenazados se incluye una extensa gama que abarca casos de derechos civiles, de derechos humanos, casos de vivienda, casos laborales, de salud, de salud mental, de educación, de educación especial, de familia, de menores, de reclamos comunitarios, reclamos relacionados con el medio ambiente, ejecuciones hipotecarias, cobros de deudas, entre muchos otros. 

“Servicios Legales el año pasado cerró más de 17,000 casos. Y cuando hablamos de casos se refiere a un expediente, que no es necesariamente una persona, puede ser una familia, comunidades”, expresó María L. Jiménez, directora de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico.

El profesor Efraín Rivera Ramos, catedrático de la Escuela de Derecho de UPR y miembro de la Mesa de Acceso a la Justicia, afirmó que en la comunidad legal existe una gran preocupación porque esos servicios se afecten, impactando así a la gente más vulnerable tanto en Puerto Rico como en otros estados en los que hay muchos puertorriqueños. Añadió que a este drástico recorte que se propone la LSC se suma la situación de la crisis fiscal que encara Puerto Rico y que probablemente suponga recortes a las aportaciones locales a los programas ofrecen servicios legales gratuitos en la Isla, tal como se refleja en las propuestas que se han hecho para encarar la crisis.

El licenciado Carlos Rodríguez Vidal resaltó además el hecho de que algunos de los abogados de Servicios Legales y la Oficina Legal de la Comunidad “ejercen en unas áreas del derecho que son sumamente especializadas, que no cualquier abogado puede manejar estos casos”, como son casos de derecho de familia, de protección de víctimas de violencia doméstica, casos de salud mental, casos de pacientes de VIH positivo, entre otros.

“Un país empobrecido es un país más vulnerable a violaciones de derecho”, insistió la abogada Ariadna Godreau Aubert, coordinadora de la Mesa de Trabajo de Acceso a la Justicia. “Por eso es tan importante que en este momento la sociedad civil y la comunidad de acceso a la justicia se unan en un solo reclamo en defensa de la Corporación de Servicios Legales”.

Godreau subrayó la relevancia de contar con la disponibilidad de servicios legales gratuitos poniendo como ejemplo el creciente número de ejecuciones de hipotecas y órdenes de desahucio, que dejan a las personas sin vivienda.

Cabe destacar, que el recorte propuesto a por la administración Trump, en el caso de la LSC supone apenas una ínfima parte del presupuesto nacional que no alcanza ni siquiera una centésima parte del uno por ciento. Para el año fiscal 2016, la LSC recibió $385 millones, o menos del 0,001 por ciento del presupuesto federal.

Tan solo Servicios Legales ha logrado grandes éxitos en luchas comunitarias y ambientales, atendiendo casos que han involucrado a cientos de miles de personas, como los relacionados con las comunidades especiales, los depósitos de cenizas en Peñuelas, las comunidades impactadas por el proyecto de la planta incineradora de Arecibo, los casos de Playuela y Discovery Bay en Aguadilla, el Corredor Ecológico del Noreste, el caso del Balneario de Carolina y Amigos del Mar, los pescadores de Salinas, hasta casos como el de la remota comunidad de Mundo Tropical en Fajardo cuyas 20 familias carecen todavía de acceso a Agua Potable. Hace más tiempo, cuando aún estaba autorizado la utilización de la acción de clase, fueron parte de los logros de reformas en instituciones cómo las cárceles y el hospital siquiátrico.

“No hay manera que los otros programas que queden, que serían básicamente las clínicas de asistencia legal de las de las escuelas de derecho, puedan absolver esa cantidad de clientes y asuntos legales”, insistió Jiménez, añadiendo que actualmente los servicios que ofrecen no son suficientes para atender a la necesidad total que existe y miles de personas que necesitarían servicios legales gratuitos, no llegan a recibir los servicios legales que necesitarían.

“No hay un plan B a qué pasa si la Corporación de Servicios Legales falta, porque no hay recursos de dónde sacar para representar a las comunidades y las personas indigentes. Por eso es tan importante defender este tipo de instituciones”, alertó Godreau.

“Si esa puerta se cierra, va a tener un impacto nefasto en la representación de los intereses de personas en desventaja en el momento posiblemente más crítico en los últimos 30 o 40 años para esa población”, condenó Jiménez.

El grupo aprovechó para hacer un llamado a los líderes políticos, entre ellos la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, para que intervengan en favor de mantener los fondos de la LSC, cuya directiva tiene personas relacionadas tanto a republicanos como a demócratas en igual número.

Al momento, decenas de organizaciones legales, educativas y civiles, así como personalidades, abogados y estudiantes se han sumado al reclamo por preservar la LSC. Además, ya se están desarrollando esfuerzos a nivel federal para detener los recortes propuestos.