¡Que comience el cambio!

La prohibición de darle bolsas de plástico para cargar sus alimentos o mercancías será efectiva el 30 de diciembre próximo, en una movida multiagencial para reducir la contaminación ambiental y los desperdicios sólidos.

Ahora, no todas las bolsas plásticas sufrirán la misma suerte: aquellas que encuentra en la zona de frutas y vegetales de colmados y comercios podrán seguir siendo usadas, así como las del área de carnicería, para evitar la contaminación cruzada.

Incluso, la Ley 247 del 2015 permite que lleve sus propias fundas a los comercios, pero la idea, por supuesto, es que eventualmente todas sean eliminadas a favor de bolsas reusables o de papel.

La ley aplica a los comercios, pero no a aquellos que ofrecen comida preparada.

Según la exposición de motivos del estatuto, anualmente en Puerto Rico circulan mil millones de bolsas plásticas que van a parar a los vertederos, porque menos del 1 por ciento se recicla. 

Si a esto sumamos que doce de estas instalaciones de desecho de basura tienen ya una orden de cese de operaciones, la catástrofe ambiental que se avecina es más que razón para desterrar el plástico de nuestras vidas.

“Las bolsas se tardan de 100 a 500 años en biodegradarse, y provoca unos problemas inmensos no solo en Puerto Rico sino en el mundo. En los vertederos se acumulan y la situación empeora y esas son las que, con suerte, se quedan allí, porque el viento se las lleva y van al río, al mar y una sola bolsa puede afectar a varios animales marinos. Al menos 200 especies mueren por el consumo de bolsas plásticas”, dijo Nery Adames, secretario del Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO).

Con las tortugas, en particular, es preocupante porque las confunden con medusas, que son parte de su dieta.

Primero un aviso, luego una multa

Si bien la ley entra en acción a finales de año, los comercios y consumidores tendrán un periodo de transición de seis meses, hasta el 30 de junio próximo, para que cambien sus hábitos y se acostumbren a la nueva realidad ecológica.

“Si en ese periodo los inspectores del DACO encuentran incumplimientos se emite un aviso de orientación, de manera que el comercio haga una transición ordenada y el consumidor lleve bolsas reusables”, indicó Adames a Primera Hora.

La prohibición va dirigida solo a los comercios, pero obviamente los consumidores tienen que tomar medidas de mitigación ya que no dispondrán de estos artículos para cargar su compra.

En su lugar, les darán bolsas de papel (que podrían cobrárselas), o tendrán que llevar sus propias fundas.

Idealmente, aclaró Adames, deben ser reciclables, particularmente de tela, para romper el ciclo de contaminación de una vez por todas.

A partir de junio, aquellos comercios que incumplan con la Ley 247 se exponen a una multa inicial de $100; luego pagarían $150 por una segunda infracción y $200 por las subsiguientes. 

¿Quién cobra?

DACO es “la agencia llamada a seguir el proceso y los comerciantes tienen una vista administrativa; si se sustenta la acción del inspector, es la misma agencia la que tiene que dar seguimiento para el cobro de esa multa”, indicó Adames.

Quien no pague a tiempo enfrentará recargos de 10% mensuales.

Hay que adaptarse

Reconoció que el cambio cultural de plástico a tela puede ser antipático para algunos, pero hizo una fácil analogía que ilustra el tema. 

“Cuando en Puerto Rico se dijo que había que añadir el (prefijo) ‘787’ a las llamadas telefónicas hubo gente que mostró mucha resistencia. Ahora nadie le presta ninguna atención”, sostuvo.

Esa es la idea: que el cambio sea gradual y poco a poco se incorpore a la rutina diaria. De hecho, es hasta preferible porque no se acumulan las interminables “bolsas de bolsas” en casa, hay más orden y limpieza y las de tela pueden lavarse y reusarse sin problema.

“Queremos que nos acompañen reconociendo la importancia vital de que se unan a los esfuerzos mundiales por minimizar el impacto ambiental. La experiencia en el mundo, como en Irlanda -que desde el 2004 hizo este cambio- muestra que siempre tienen que pasar unos ajustes, pero luego se convierte en un asunto muy natural. Una vez pasen esos seis meses de adaptación espero que todos se acostumbren a esta realidad y que todos reconozcamos la importancia de esta legislación y el aporte que hace el país al bienestar ambiental”, planteó Adames.