Denunciarán ante la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos hallazgos de una latente crisis humanitaria en Puerto Rico, a nueve meses del azote del huracán María.

La voz de alerta la llevará una coalición multisectorial de organizaciones que el pasado mes de diciembre recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington D.C., a denunciar que las acciones de recuperación al desastre por parte del gobierno estatal y federal en lugar de alivio en muchas instancias agudizaron la crisis.

El grupo alude que a la fecha -274 días después del embate atmosférico-, la situación no ha mejorado en la Isla y que así lo comprueban datos de un informe actualizado al mes de junio y que lleva por nombre Justicia Ambiental, Desigualdad y Pobreza en Puerto Rico.

“Estamos viviendo una crisis después de la crisis que afecta los derechos más básicos de la población y que incluyen vivienda segura, alimentación, educación y salud, entre otros”, dijo en conferencia de prensa Annette Martínez, coordinadora de la investigación y directora de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

 Resaltó, además, que la denuncia y exigencia de acciones remediativas -de la que se le otorgarán copias al gobernador Ricardo Rosselló; al secretario de Estado, Luis G. Rivera Marín; y a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez- coincide con la presentación en Ginebra del informe del Relator Especial sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos, Phillip Alston, quien tras una visita expresó que la pobreza en Puerto Rico está marcada por un gran déficit de derechos.

“Al Gobierno no ser responsivo no vemos otra salida que recurrir a los foros internacionales con los datos del informe actualizados... exigimos una respuesta por parte de Estados Unidos y del Gobierno por la violación de derechos humanos vividos después del huracán María”, expresó Martínez.

De hecho, advirtió que podrían ir al foro judicial en caso de que el Gobierno ignore el reclamo para que los puertorriqueños vivan “en condiciones dignas”.

“No quisiéramos tener que ir al tribunal... la sociedad civil se merece transparencia. Pero no descartamos nada”, dijo Martínez.

Mientras, se le solicitará a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que incluya la situación del país en sus informes temáticos, que le exija a los gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos a tomar medidas cautelares con las poblaciones vulnerables, así como que se realicen visitas oficiales a la Isla por parte de miembros de la organización internacional.

El reclamo también enfocará en el tema del derecho al acceso a la información, un tema que ha sido de gran relevancia por la poca data ofrecida por parte del Gobierno en cuanto a las muertes a consecuencia del huracán.

 En ese sentido la coalición exige que los gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos hagan pública la información sobre todas las muertes que ocurrieron a causa del huracán y a causa de las fallas en los servicios médicos, eléctricos, sociales y se seguridad. Al momento, el gobierno mantiene la cifra de muertes en 64, mientras que un estudio de la universidad de Harvard sugiere un promedio de 4,645.

Además, la denuncia insta a que se investigue por qué la telefonía fija e inalámbrica todavía no funciona al 100% en la zona central de Puerto Rico, así como en Vieques.

“Que los gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos hagan pública la información sobre contrataciones efectuadas bajo el Estado de Emergencia”, dijo, por su parte, Mari Mari Narváez, directora de Kilómetro Cero, al asegurar que para la fecha mencionada se concedieron 19,400 contratos.

A continuación, presentamos algunos de los hallazgos del informe -dividido en nueve capítulos- que fueron discutidos ayer por representantes de las diversas organizaciones que conforman la coalición multisectorial.

Ascenso en damnificados sin viviendas

Los hallazgos del informe mencionan que, aunque no se tienen cifras de 2018, para el 2017 se contabilizaron en Puerto Rico 3,500 personas sin hogar y se alude que esa cifra pudo haber aumentado a un mínimo de 75,000 después del huracán María.

 Amárilis Pagán, portavoz del proyecto Matria, indicó que la gran preocupación de la coalición es que el periodo de solicitar servicios a la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) expiró el pasado 18 de junio en medio de un sinnúmero de quejas -documentadas por grupos que ofrecen servicios legales a damnificados- vinculadas a la falta de acceso a los procesos de solicitud, así como a la poca atención que se le ha dado a la realidad de falta de titularidad de las propiedades que hay en la isla.

“Todavía hay cerca de 2,300 personas refugiadas en albergues de FEMA y corren el riesgo de quedar sin albergue al 30 de junio. ¿Qué va a pasar con estas personas que, muchas, no tienen títulos de propiedad y han tenido problemas con sus reclamaciones...?”, dijo Pagán.

Entre varios reclamos, la coalición exige que el Departamento de Vivienda estatal informe cuántas unidades de vivienda pública o subsidiada hay disponibles para las familias que ya han sido desalojadas de sus hogares por daños de María o por desahucio derivados de la crisis económica que enfrenta el país desde antes.

Sistema de salud colapsado

El huracán María dejó al descubierto las debilidades del sistema de salud en Puerto Rico y “la respuesta desorganizada, limitada y desigual en todas las etapas del desastre” que tuvieron el gobierno estatal y federal.

Así lo destaca el informe que se enviará a la ONU por parte de una coalición multisectorial que probará con testimonios y trabajos periodísticos el incumplimiento que hubo en el país para garantizar la prestación de servicios básicos de salud durante y después de la emergencia.

En conferencia de prensa, miembros de la coalición recordaron el colapso que hubo de los servicios hospitalarios. De hecho, se rememoró que, a pocos días del embate del ciclón, unos 18 hospitales (de 69) funcionaban de manera parcial y algunos sólo tenían abierta su sala de emergencia.

Se destacó que el asunto de salubridad se exacerbó ante la falta de acceso al agua limpia y la acumulación de escombros en comunidades pobres.

Entre las exigencias se incluye que el Gobierno asegure tener medidas para la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de salud, incluyendo los de índole mental. También un acceso justo y apropiado a medicados de salud para toda la población.

Trastoque a nuestra educación

El desmantelamiento del sistema público de enseñanza -con el cierre de 266 escuelas- y el monumental recorte presupuestario a la Universidad de Puerto Rico (que asciende a más de $400 millones en los próximos cinco años) son una amenaza al derecho a la educación que tienen los niños y jóvenes puertorriqueños.

Así lo destaca la profesora Anita Yudkin Suliveres, de Cátedra UNESCO para la Paz, al señalar que el gobierno ha insistido en un plan de privatización que no responde a las necesidades educativas del país.

 “El gobierno no ha reconocido que en casos de crisis como la que se vive en el País, para la niñez la educación es un salvavidas y que las escuelas son aquel espacio que les provee estabilidad y la estructura que les permite superar el trauma del evento natural y retomar sus tareas de aprendizaje y desarrollo”, expresó.

De hecho, el informe que se entregará a la ONU destaca como exigencia al gobierno que establezca un protocolo para situaciones de emergencia con el objetivo de garantizar que los estudiantes de educación especial continúen recibiendo sus terapias en sus casas o en centros comunales identificados previamente.

Servicios de agua y alimentos

¿Sabía usted que para el primer trimestre de 2018 se habían reportado 77,382 violaciones a normas federales de calidad del agua (Safe Drinking Water Act)?

Así lo informó la licenciada Verónica González, de la Clínica de Derecho Ambiental de la Universidad Interamericana, al catalogar como “preocupante” que al mes de junio “persistan los problemas de acceso al agua potable y libre de contaminación”.

“Debemos exigir que se nos garantice que el agua potable sea segura para el consumo, cumpliendo con todos los estándares de calidad de agua establecidos”, dijo González al recordar la falta de abastecimiento del líquido que hubo tras el paso del ciclón, lo que provocó que ciudadanos saciaran su sed bebiendo agua de riachuelos que encontraban a su paso.

Estableció que a junio todavía el 3.8% de la población seguía sin servicio de agua.

Reclamó también que se debe establecer políticas que propicien el aumento de la producción local de alimentos. “No podemos olvidar que el 80% de la producción agrícola se vio afectada”, expresó.

Agregó que la seguridad alimentaria - y la responsable distribución de alimentos- debe ser un asunto cerciorado por el gobierno local, estatal y federal.