Según la sección 1 de la Ley 158, “se prohíbe (…) la introducción, importación, posesión, adquisición, crianza, compra, venta y traspaso de cualquier naturaleza en la isla de Puerto Rico de los perros conocidos como "Pitbull Terrier", e híbridos producto de cruces entre éstos y perros de otras razas”.

La ley incluye en esa lista a los Staffordshire Bull Terriers, American Staffordshire Terriers, American Pit Bull Terriers y mezclas de éstos y otras razas de terriers.

Uno de los defensores más vocales de estos animales, Remi Martin, de Pitbull World Association, declaró a Primera Hora que, primeramente, “lamentamos mucho la situación de la señora –que falleció en Corozal tratando de defender a un perro más pequeño del ataque de dos pitbulls- pero no podemos marginar a los dueños responsables”.

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Martin fue uno de los que participó en el Proyecto del Senado 685 en 2014, radicado por la senadora y ahora candidata a gobernadora por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, para derogar la 158. Sin embargo, luego de pasar favorablemente por el trámite senatorial, se quedó estancado en la Comisión de Calendarios de la Cámara de Representantes desde el 17 de junio de 2014, como confirma el registro de la Oficina de Servicios Legislativos.

“Todas las ponencias, desde el Departamento de Agricultura hasta el Colegio de Médicos Veterinarios y varias organizaciones estaban a favor de eliminar esa ley, que lo que tiene es que ir en contra del dueño irresponsable. Pero lleva más de dos años esperando; hicimos manifestaciones en el Capitolio y nunca se quiso dar paso al proyecto en la Cámara”, comentó Martin. “Tenemos una carta del gobernador Alejandro García Padilla en la que le solicita a la Policía y al Departamento de Agricultura que detenga todo el proceso de la ley 158, entiéndase la confiscación y la eutanasia, en lo que se radica un mejor proyecto, pero es una carta, no una orden ejecutiva”, reclamó.

Martin recordó el caso del jugador de fútbol americano Michael Vick, a quien se le confiscaron 56 pitbulls. “El juez no permitió que eutanizaran a los perros hasta que fueran evaluados y certificaran que no eran agresivos; solo se puso a dormir a uno por las condiciones deplorables en las que estaban y los demás fueron entregados en adopción. Aquí eso no se hace. El oficial que atendió el caso debe verificar si tienen las vacunas, si estaban enjaulados, pedir la certificación de un veterinario que indique si son potencialmente peligrosos y si es así, entonces sí se podría ordenar eutanizarlos, pero si no los han evaluado, es por presión pública”, denunció el activista.

Finalmente, exigió un registro de mascotas “para responsabilizar a los dueños y no a los animales. Son hechos lamentables, pero desconocemos cómo eran tratados esos animales, si estaban encerrados… hay que responsabilizar a los dueños y tener mayor control para detener la sobrepoblación de animales. Si no tenemos un registro, no vamos a poder ir en contra de las personas que los maltratan o los tiran a la calle”, sentenció.