El presidente de la Junta de Directores de la Cooperativa de Vivienda Ciudad Universitaria, en Trujillo Alto, Iván Otero Matos, y su administradora, Nelly Díaz Adorno, exigieron al director interino de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Carlos Cases, que les informe en qué etapa se encuentra la investigación en torno al hallazgo de un artefacto sospechoso colocado en la guagua del exlíder machetero, Hilton Fernández Diamante.

Según el testigo que alertó a la Oficina de Administración de la cooperativa sobre el caso, el 14 de junio dos individuos se acercaron a la guagua Nissan XTerra de Fernández Diamante y uno de ellos le colocó una "caja negra" en la parte trasera.

Trascendió que los individuos lograron entrar al complejo de vivienda luego de identificarse ante la guardia de seguridad como agentes de la División de Vehículos Hurtados de la Policía.

Los portavoces de las 355 familias que residen en la cooperativa aseguraron que, a pesar de que el informe de incidente redactado por el agente Magdiel González confirma que el FBI había asumido la jurisdicción del caso desde hace tres meses, "el FBI no ha mostrado indicios de haber iniciado la investigación de este acto criminal que puso en riesgo la seguridad de los residentes de nuestra comunidad".

Otero Matos y Díaz Adorno indicaron en una carta enviada a Cases que han tratado de obtener información sobre la investigación del incidente pero "nuestras gestiones telefónicas no ha tenido éxito".

Informaron que su único contacto con el FBI fue a finales de julio, cuando lograron comunicarse con el agente Fernando Mulier, quien "quedó en averiguar el estatus del caso e informarnos", pero desde entonces "no hemos logrado establecer comunicación con nadie (del FBI)".

Destacaron que "desde el primer momento" le notificaron a la Policía que tenían en su poder información conducente al esclarecimiento del caso, como el nombre ofrecido por uno de los supuestos agentes, las imágenes de ambos individuos captadas por las cámaras de seguridad, así como la descripción y tablillas de los vehículos utilizados por los individuos.

"Ni el FBI ni la Policía de Puerto Rico nos han requerido esta información que entendemos es absolutamente pertinente para la investigación ante ustedes", expresaron Otero Matos y Díaz Adorno en la carta dirigida a Cases y remitida al superintendente de la Policía, Emilio Díaz Colón, en busca de respuestas que arrojen luz sobre el caso.