El exdirector ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), José Luis Vega, abogó este miércoles por que se examine con detenimiento la política institucional que rige la cultura del país para determinar si se justifica o no la permanencia de las múltiples entidades públicas que hoy atienden los diversos quehaceres y manifestaciones culturales, y que se nutren de las debilitadas arcas del gobierno. 

Vega puso en duda si el proyecto de ley que crearía el Departamento de Arte y Cultura atiende el problema estructural del ICP, pues planteó que no modifica sustancialmente el marco institucional actual al mantener la operación de las agencias y corporaciones públicas que funcionan a la par con la entidad gubernamental. 

El también director de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española sostuvo que los proyectos del Senado 1269 y 1272 mantienen un complejo entramado de juntas directivas para cada uno de los componentes del Departamento de Arte y Cultura, y establece que el secretario de la agencia tendría “una relación asimétrica” con esos organismos, pues en algunos casos los presidiría, en otros sería uno de sus miembros y en algunos ni siquiera tendría presencia. 

“El panorama ya confuso se complicaría más, pues se crearía un Comité de Arte y Cultura, presidido por el secretario y compuesto por los jefes de las agencias culturales con ausencia de las juntas. Esta es, precisamente, la madeja de relaciones que debe simplificarse”, sostuvo Vega durante una vista pública de la Comisión senatorial de Turismo, Cultura, Recreación y Deportes, y Globalización, que preside el senador Antonio Fas Alzamora, autor de ambas piezas legislativas. 

“Recomendamos evaluar si es necesario contar con tantas agencias culturales, la mayor parte de ellas pseudo corporaciones que dependen casi por completo del presupuesto gubernamental, pero que requieren para su administración de una compleja red de juntas innecesarias”, abundó. 

Durante su intervención, Vega precisó que fue a partir de la década de 1980 que comenzó la proliferación de entidades culturales, que eventualmente constituyeron “una institucionalidad cultural paralela” al ICP. A modo de ejemplo, mencionó la Escuelas de Artes Plásticas, la Oficina Estatal de Conservación Histórica, la Corporación de la Orquesta Sinfónica, la Corporación del Centro de Bellas Artes y la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública. 

Propuso que, en la alternativa, se cree una sola junta directiva o ente rector, “amplio y representativo”, y que esté encabezado por el secretario del Departamento de Arte y Cultura.

Además, criticó el modelo presupuestario de la pieza legislativa pues no altera el que actualmente tienen las entidades que compondrían el departamento. Sugirió que en el nuevo modelo se establezca una sola oficina de finanzas encargada de mantener toda la contabilidad y todos los datos necesarios para la operación diaria de la propuesta agencia gubernamental.

Vega, además, cuestionó que se haya incluido entre los componentes del departamento propuesto al Conservatorio de Música y la Escuela de Artes Plásticas, cuya existencia, destacó, “depende de “su autonomía interna y de los procesos de acreditación por parte de entes independientes”.

Ese punto también fue discutido durante la audiencia pública por Carlos Rivera Pérez, rector interino de la Escuela de Artes Plásticas, quien advirtió a los miembros de la comisión legislativa que la medida podría amenazar la acreditación de esa institución, así como su autonomía universitaria. 

“Desde la primera visita del comité acreditador de la ‘Middle States Association’, uno de los señalamientos principales ha sido el vínculo que mantiene la escuela con el ICP, lo que dificulta contar con la autonomía administrativa, fiscal y académica con que cuentan el resto de las instituciones de educación superior en la Isla”, subrayó Rivera Pérez.