Extensa secuela federal en la Isla

03/28/2008 |

LaS ACUSACIONES presentadas ayer contra el gobernador Aníbal Acevedo Vilá y otras 12 personas vinculadas al gubernamental Partido Popular Democrático suponen la continuación de un extenso proceso investigativo de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, que comenzó en la década pasada con el caso del Instituto del Sida de San Juan y que tiene como evidente finalidad sanear las arcas públicas puertorriqueñas.

El primer gran caso de corrupción llevado por las autoridades federales en Puerto Rico fue el del Instituto del Sida, el cual arrancó con un Gran Jurado en octubre de 1996 tras una extensa y polémica investigación legislativa del ex representante independentista David Noriega. Al igual que el proceso contra Acevedo Vilá, las fiscales María Domínguez y Rosa Emilia Rodríguez jugaron un rol protagónico en el lío de desvío de fondos en el Instituto. La Fiscalía federal la comandaba en ese entonces Guillermo Gil.

El caso tuvo dos fases. En la primera ronda fueron acusados en mayo de 1997 el entonces asesor del gobernador Pedro Rosselló, Yamil Kourí, la ex administradora del Instituto y de la corporación que lo operaba, Jeannette Sotomayor; el médico Juan E. Rizek Nassar, el ex senador popular Edgardo Rosario Burgos, la ex oficial de nómina Milagros García León y el ex custodio de la propiedad, Armando Borel Barreiro. Tres personas adicionales también fueron acusadas, pero una falleció y las otras dos, Ángel y Julio Corcino Maurás, se declararon culpables. Los demás fueron convictos por malversación de fondos o por admitir culpa en los hechos en medio del juicio en 1999.

Tanto Rosselló como el entonces alcalde de San Juan, Héctor Luis Acevedo, se vieron obligados a declarar en distintos momentos del proceso judicial.

En la segunda fase del caso, se acusó y fueron convictos el abogado estadista Luis Dubón Otero y el médico cubano Jorge Garib Bazain. El entonces vicepresidente de la Cámara de Representantes, José Granados Navedo, se declaró culpable para convertirse en testigo de la fiscalía contra Garib Bazain, de quien recibió $100,000 ilegalmente.

En medio del tumulto causado por los casos del Instituto del Sida, los federales continuaron con su ofensiva y encarcelaron en 1999 al entonces alcalde de Toa Alta, Ángel “Buzo” Rodríguez, por un esquema de fraude a los fondos de FEMA.

De ese punto en adelante la escalada de acusaciones e investigaciones de la Fiscalía Federal nunca se detuvo. Más de 40 funcionarios o contratistas del Partido Nuevo Progresista (PNP) fueron acusados por manejos turbios de los fondos asignados a programas federales en Puerto Rico.

Uno de los procesos más notorios fue el del ex secretario de Educación Víctor Fajardo, quien fue convicto por cargos de fraude y extorsión por su conducta delictiva al mando de la agencia que más fondos federales recibe en el país.

Otros “pejes gordos” del PNP fueron cayendo entonces poco a poco. El de mayor porte fue el del ex presidente de la Cámara Edison Misla Aldarondo, quien cayó por cargos de conspiración, extorsión, lavado de dinero e interferencia con un testigo vinculados al proceso de privatización del Hospital de Manatí. Igualmente resultó convicto el ex presidente de la Comisión de Nombramientos del Senado Freddy Valentín, quien fue acusado por delitos de conspiración, extorsión, lavado de dinero, tentativa de oferta de soborno y apropiación ilegal. Valentín colaboró con la fiscalía y recibió una privilegiada sentencia federal de 18 meses y seis años de probatoria a nivel estatal.

Otros “nombres grandes” que fueron convictos por malos manejos fueron Herman Sulsona, ex director de la Autoridad de Puertos; Angie Rivera, ex ayudante de Pedro Rosselló; Miguel Rivera Hernández, ex administrador de Instituciones Juveniles; Andrés Barbeito Cambiella, ex administrador de Retiro; y Bernardo Negrón Montalvo, ex alcalde de Villalba, entre otros ejecutivos o contratistas de menor porte.

Entonces estalló otro gran caso. El del llamado Superacueducto, proceso que degeneró en el encarcelamiento de René Vázquez Botet, ex director de campaña de Pedro Rosselló, y Marcos Morell Corrada, ex secretario general del PNP. Los dos resultaron convictos por cargos de extorsión y lavado de dinero.

La intensa actividad de las autoridades federales en suelo boricua en la última década evidentemente no ha concluido y no se limitó exclusivamente al PNP y sus andanzas.

Tras indagar intensamente durante más de dos años, ayer acusaron al gobernador Acevedo Vilá, la primera ocasión en la historia en que un gobernante boricua es llevado a la justicia federal para responder por cargos de corrupción.

Junto a él otras 12 personas tendrán que responder por serias acusaciones en su contra. Un proceso largo y tedioso ha dado inicio, pero la Fiscalía Federal luce empeñada en llegar hasta las últimas consecuencias.