Falsos funcionarios de la Administración Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) que cobran por una inspección. Timadores que se hacen pasar por otras personas para reclamar dinero que no les corresponde. Damnificados que -por ejemplo- se les voló el techo de sus casas y perdieron los muebles, recibieron dinero federal para su recuperación, pero optaron por comprar un carro o irse de crucero.

Todas estas son modalidades de fraude con ayudas de FEMA que pudiesen estar ocurriendo en Puerto Rico tras el azote de los huracanes Irma y María. Al momento, ya hay divisiones creadas en la fiscalía federal para ser investigadas.

Para el pasado 6 de marzo, se habían recibido unas 715 querellas por posible fraude con fondos federales destinados a damnificados del huracán María, según informó la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Interna (OIG/DHS).

Hay más de una docena de artículos en leyes federales que penalizan actos relacionados a fraude, algunos con condenas de más de 20 años.

La portavoz de la fiscalía federal, Cristzayda Matos, dijo que se estableció una división en Puerto Rico para investigar fraude en desastres, la que es dirigida por la fiscal auxiliar Miriam Fernández. 

“Han estado recibiendo confidencias”, indicó.

El número a llamar para informar sobre estas revelaciones es el 1-866-720-5721.

La modalidad de fraude que ha reflejado un mayor incremento es en lo relacionado a robo de identidad, según Arlene Morales, portavoz del OIG/DHS.

“Hemos visto un aumento de instancias en que individuos roban la identidad de una víctima de desastre y, fraudulentamente, solicitan beneficios, defraudando tanto a FEMA y victimizando al verdadero sobreviviente, que ve retrasado el recibo de ayuda que en realidad le corresponde”, dijo Morales.

Agregó que ellos investigan y refieren sus hallazgos a las agencias de ley y orden federales y estatales para un posible procesamiento judicial. 

“Entre los miles de solicitantes de beneficios de desastre que pidieron ayuda y recibieron beneficios después de un desastre declarado, un porcentaje de individuos inescrupulosos solicitan beneficios para los que saben que no tienen derecho a recibirlos”, sostuvo Morales.

Este tipo de fraude no es sencillamente algo que ocurre aquí, sino que los fraudes cometidos en medio de desastres son activamente perseguidos por las autoridades federales. 

Según el Centro Nacional para Fraudes en el Desastre del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el 2005 cuando el huracán Katrina atacó a Louisiana, hubo 1,300 casos de estafa presentados en ese estado. 

Tan reciente como en enero pasado, una mujer de Dallas fue sentenciada a 14 meses en prisión por robar la identidad de otra persona mediante el Seguro Social y nombre para reclamar ayuda como damnificada por un tornado.

El llamado es a que ante una sospecha de fraude, la ciudadanía debe alertar a las autoridades para impedir que se cometa un delito, dijo –por su parte– Daniel Llargués, portavoz nacional de FEMA.

“El fraude siempre se da en los diferentes desastres que son declarados”, dijo el funcionario, quien recordó que si una persona que dice trabajar para FEMA cobra un servicio, esto es un fraude.

Igualmente, reiteró que si el dinero otorgado por la agencia tiene un fin específico, utilizarlo en otra cosa puede ser un tipo de fraude, indicó.

“Son dineros que son de los contribuyentes, de impuestos, deben ser usados para el propósito para el que se les dé; no queremos fraude, mal uso, del dinero que se les da”, indicó Llargués.

Para más información, puede contactar al 1-800-323-8603 o escribir a dhfoighotline@dhs.gov