Aunque la rehabilitación del Caño Martín Peña se ha discutido por años, su impacto ambiental y social, la millonaria inversión de dinero que requiere y la dificultad de conciliar las pretensiones de la comunidad y el Estado sobre el desarrollo de la zona han frenado el avance del proyecto.

No obstante, logros recientes de la Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña (Cpecmp) sugieren que el proyecto podría materializarse en esta década.

El Estudio de Viabilidad y la Declaración de Impacto Ambiental para el dragado y la canalización del caño, que se presentó el año pasado ante el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, ya se encuentran en la cuarta de seis etapas de revisión. Además, se han realojado alrededor de 150 familias cuyas casas deben demolerse para dar paso a los trabajos.

A esto se suma la aprobación de dos leyes, este año, que garantizarían la permanencia de los residentes del G-8 en sus tierras, una vez concluyan los trabajos del dragado. La Ley 53 extendió por 20 años la existencia de la Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera. Mientras, la Ley 104 ordenó la devolución al Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña de parte del terreno que ocupan las restantes siete comunidades (Israel-Bitumul, Barrio Obrero Marina, Barrio Obrero San Ciprián y Oeste, Parada 27, Las Monjas, Buena Vista Santurce y Buena Vista Hato Rey).

Al presente, el Fideicomiso cuenta con cerca de 200 cuerdas de terreno y se propone ejecutar un plan de desarrollo de nuevas viviendas para las familias realojadas, así como formalizar las escrituras de derecho de superficie para quienes no tengan título de propiedad.

Lyvia Rodríguez, directora ejecutiva de la Cpecmp, estima que para completar la operación de rehabilitación se necesitan $590 millones. Al momento, se han identificado $7 millones que el Municipio de San Juan asignará para arreglar el alcantarillado pluvial, $600 mil de un programa federal para realojar familias y de $3 a $5 millones que la Autoridad de Energía Eléctrica invertirá para levantar una línea eléctrica de 115 mil voltios que atraviesa el caño.

Además, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) se comprometió a destinar $120 millones en cinco años para instalar alcantarillado sanitario, fundamental para detener las descargas de aguas usadas al caño. Actualmente, solo Península de Cantera y Parada 27 cuentan con alcantarillado sanitario.

La AAA tiene en agenda otros proyectos de infraestructura hasta el 2020, como la rehabilitación de la troncal San José, y la relocalización y aumento de capacidad del Sifón San José. Estas obras tienen que completarse antes del dragado, que la Corporación se ha propuesto iniciar en el 2016.

En los próximos tres años debe arreglarse el  alcantarillado pluvial, gestión que le corresponde al Municipio de San Juan. “Eso conllevará hacer estudios, reparar y construir donde haga falta”, dijo el director de Planificación del Municipio, José Rivera Santana.

La contaminación en esa zona capitalina se vincula a que muchos residentes conectaron las descargas sanitarias de sus casas al sistema de alcantarillado pluvial y llevan décadas descargando esos desechos al caño.

Rivera Santana reconoció que, más allá de las citadas situaciones con estructuras residenciales, también hay conexiones indebidas de algunas dependencias públicas. “Se han cometido algunos errores en áreas donde coinciden el alcantarillado sanitario y el pluvial”, señaló.

El dinero que falta

La búsqueda de los restantes $460 millones indispensables para la rehabilitación de la zona es una de las encomiendas del Comité para la viabilidad del dragado y la canalización del caño, creado por el gobernador Alejandro García Padilla.

“Hay que buscar alternativas de financiamiento y este equipo interagencial tiene que atender la legislación que sea necesaria, identificar los fondos y buscar un financiamiento estratégico”, comunicó el secretario de Estado y copresidente del comité, David Bernier.

En suspenso están $150 millones que el Congreso estadounidense autorizó en el 2007 con la condición de que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército certifique la viabilidad del proyecto. El abogado ambientalista Robert Kennedy, Jr., durante una visita a Puerto Rico en julio, se comprometió a pedirle a la legislatura de su país que asigne los fondos.

Rescate impostergable

Actualmente, el nivel de sedimentación del Caño Martín Peña es tal que ha perdido profundidad a niveles alarmantes y su pobre drenaje provoca inundaciones continuas en las comunidades adyacentes al cuerpo de agua sanjuanero. Allí el hedor es notable, el agua no se debe tocar y los efectos adversos a la salud de los residentes en zonas cercanas son múltiples.

Este canal debería volver a conectar la Bahía de San Juan a la Laguna San José. Ello, para garantizar la supervivencia del estuario capitalino, con su variada flora y fauna y los beneficios que representa para la vida humana y el desarrollo económico de la región.

“A esos efectos es que viene todo este proyecto del dragado para reconectar esas aguas y así que vuelva a haber ese flujo y ese compartir de ecosistemas de vida acuática, y garantizar la oxigenación y circulación de las aguas”, observó la presidenta de la Junta de Calidad Ambiental, Laura Vélez.

Lyvia Rodríguez, por su parte, abundó acerca de los beneficios para la pesca comercial.

“El reconectar la Laguna San José con la Bahía de San Juan implica el proyecto más importante para el rescate del Estuario de la Bahía de San Juan. Reconectaría el 80% del sistema estuarino, que es el sistema de mayor valor ecológico de toda el área metropolitana, y convertiría esta zona en una idónea para que los peces aniden sus huevos, los peces que consumimos luego en la pesca comercial. Es un lugar de mucha importancia en la cadena alimentaria de los peces para viabilizar una actividad comercial y de desarrollo económico”, explicó la líder del Cpecmp.

Agregó que “la posibilidad de una interconexión entre varios cuerpos de agua desde la Laguna Torrecillas y la Laguna de Piñones hasta la Bahía de San Juan y la Laguna del Condado” viabilizará la reorganización urbana y el desarrollo de actividades turísticas comunitarias.

Este rescate ambiental tiene que ir de la mano, todo el camino, con el rescate social de los sobre 26 mil residentes del G-8. Cuando culminen las obras, y de no haber cambios en las leyes y los acuerdos vigentes, estas personas comenzarían una etapa de convivencia armoniosa con el caño. Y serían ellos, no otros, los que disfrutarían del renacer de este sector que aumentaría su valor y atractivo a los ojos de los inversores.

“La situación de degradación ambiental del caño es responsabilidad de todos y así su recuperación. Y es fundamental que todos conozcamos que este es un proyecto que nos beneficia a todos como puertorriqueños y puertorriqueñas, y a todos los que habitamos en esta Isla”, agregó Rodríguez.