Personal de la Administración de Familias y Niños (Adfan) inició una campaña para orientar a los adultos mayores sobre cómo detectar y protegerse de la explotación financiera, informó hoy, sábado, la jefa de esa agencia Vanessa Pintado. 

“Mayo es el mes de la prevención de maltrato a personas de la tercera edad. Comenzamos con una serie de actividades de orientación en instituciones financieras, particularmente en cooperativas y algunos bancos, para que los adultos mayores puedan identificar si son víctimas de este delito”, indicó Pintado en entrevista con este medio. 

Si tenían alguna duda sobre la información que su personal les compartió, “podían hacer la consulta con el trabajador social presente”, agregó la funcionaria. 

La administradora precisó que el año pasado Adfan recibió 239 referidos de este tipo de maltrato, tipificado como delito. 

“Esto no significa que sean los únicos, porque la Policía y otras entidades también atienden este tipo de casos”, aclaró. 

Datos divulgados por la Oficina de la Procuraduría de Personas de Edad Avanzada apuntan a que las querellas por este tipo de maltrato han ido en aumento desde 2007. Desde ese año hasta 2014, se han atendido 5,847 querellas por explotación financiera. 

Ante esta realidad, Pintado urgió a la población mayor de 60 años a “proteger su chequera, tarjetas de crédito y otros documentos sensitivos en un lugar seguro. Y, muy importante, no compartan su número de Seguro Social o número secreto del cajero automático (ATH) con ninguna persona, especialmente vía teléfono”. 

Ningún oficial de banco o cooperativa legítimo pediría a un cliente que revele ese número en una llamada telefónica, por lo que – si la recibe – puede tener la seguridad de que es fraudulenta. 

En los casos de personas mayores que no cuentan con recursos familiares de confianza, las instó a escoger bien a otra persona de confianza, con la que hayan tenido relación de amistad y cercanía por muchos años. 

“No se puede confiar en el primero que aparece. Y, si hemos dado acceso a alguien (a las cuentas o información financiera), tenemos que velar que no haya transacciones o gastos que no estén autorizados”, recomendó Pintado. 

Destacó que las instituciones financieras de todo tipo cuentan con protocolos para manejar instancias en las que se sospecha que uno de sus clientes es víctima de explotación financiera, ya sea por parte de hijos o parientes del anciano como de particulares. 

Además de salvaguardar la salud económica del anciano, la titular advirtió que “esa persona a la que están explotando financieramente también podría ser víctima de otro tipo de maltrato, como negligencia o de carencia de sus necesidades básicas”. 

Pintado urgió a los ciudadanos a estar pendientes al bienestar de los adultos mayores con quienes se relacionen, sean familiares, vecinos o conocidos. 

En caso de sospechas de maltrato, la titular sostuvo que los ciudadanos inquietos por el bienestar de un adulto mayor “tienen varias vías para alertar”. 

“Pueden llamar a la Policía porque la explotación financiera es delito. Puede comunicarse con nosotros (Adfan) a la línea de maltrato 787-749-1333. Incluso pueden acudir al tribunal a pedir una orden de protección”, enumeró.

Según indicó la administradora, la orden de protección se solicita al amparo de la Ley 121-1986, que define la explotación financiera como el uso impropio de fondos de una persona de edad avanzada, de la propiedad o de sus recursos por otro individuo. 

Para perpetrar el abuso, el maltratante a menudo recurre a engaño, falsificación, coerción, negación de acceso a bienes y servicios, fraude, manipulación psicológica y amenazas.

Algunos indicadores de esta modalidad de abuso de ancianos son: reducción inexplicable en los balances de sus cuentas, firmas falsificadas, cuentas sin pagar, notificación de embargo, falta de acceso a servicios de salud o medicamentos. 

Cuidador o delincuente

Uno de los casos recientes más dramáticos fue el de Adela Mendoza Colón, de 85 años, quien por más de un año estuvo cautiva en su propio hogar en condiciones infrahumanas y en convivencia con 15 perros en mal estado. 

En octubre de 2014, Gioverti J. García Cabello, de 46 años y vecino de Puerto Nuevo, fue acusado por mantenerla encerrada en su vivienda de Levittown, Toa Baja, mientras consumía los ingresos de su víctima. 

La situación se descubrió cuando una hija de la víctima, residente en Estados Unidos, se trasladó a Puerto Rico porque no conseguía comunicarse con su progenitora. 

Al llegar, no pudo entrar a la casa, porque estaba cerrada con candado. Ni su madre, ni los 15 perros en la casa tenían acceso a alimentos, además de estar rodeados de basura y excremento.