Durante una vista senatorial que provocó más dudas que respuestas, una representante de la Junta de Calidad Ambiental (JCA) indicó este martes que la empresa AES Puerto Rico (AESPR) no cuenta con un plan de cumplimiento como lo mandata el Reglamento de para el Manejo de los Desperdicios Sólidos No Peligrosos de esa agencia, contrario a lo estipulado por la compañía generadora de energía en una vista anterior.

Convocada por la Comisión de Salud y Nutrición para dar su opinión sobre Resolución del Senado 1158, que busca determinar si el vertedero privado de Humacao recibe material de la AES que causa enfermedades respiratorias, la licenciada Maritza Font Robert explicó que debido a unas interpretaciones previas de la JCA, la AESPR estaba exenta de cumplir con el mencionado reglamento.

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Sin embargo, y a partir de una resolución emitida el 27 de agosto de 2014, la JCA revocó esas decisiones y le ordenó a la empresa generatriz de energía eléctrica que sometiera “en un término de 30 días, un plan de cumplimiento para la instalación que incluyera, como mínimo la siguiente información: establecimiento de acciones de progreso para alcanzar metas específicas y fechas límite en las que aquellas serán alcanzadas y el establecimiento de fechas límite para alcanzar el cumplimiento con cada requisito que se esté violando”.

Font Robert, que acudió a la vista en representación del director ejecutivo de la JCA, Weldin Ortiz Franco, declaró que el 2 de octubre de 2014, la AESPR presentó ante la Junta de Gobierno de la JCA un plan de cumplimiento que fue denegado “por no cumplir con los requerimientos reglamentarios aplicables”.

La compañía, que tiene su planta en Guayama, presentó un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones y una demanda de sentencia declaratoria ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, el 22 de junio de 2015. Ambos recursos no han sido resueltos.

“Siendo ello así, la Junta de Calidad Ambiental está impedida de hacer expresiones en cuanto a la AESPR hasta tanto dichos recursos sean resueltos por los foros judiciales correspondientes”, acotó la abogada para desconcierto del presidente Comisión de Salud y Nutrición, el senador José Luis Dalmau.

En su turno para hacer preguntas, el legislador popular dijo que no entendía cómo la JCA no podía hacer declaraciones en torno la AESPR, cuando los representantes de esta empresa se expresaron a sus anchas durante la segunda vista pública, celebrada en el Salón de Audiencias María Martínez de Pérez Almiroty, en el anexo del Senado, el 12 de agosto pasado.

En esa vista, el presidente de la AESPR, Manuel Mata, puntualizó que esta compañía, que produce energía eléctrica por medio de la combustión de carbón, “está a la vanguardia de la industria” y minimizó las denuncias de ciudadanos humacaeños al señalar que los residuos derivados de la combustión de carbón utilizados en su empresa no son desperdicios peligrosos  para las comunidades aledañas al vertedero de ese pueblo, ni al de Peñuelas.

Este último vertedero, propiedad de los mismos dueños del de Humacao (El Coquí Landfill Company), recibió por unos días durante el mes de julio pasado un material agregado producido por la AES, conocido como “Agremax”. Asimismo, ha recibido desde hace nueve años residuos de la combustión de carbón para la solidificación de desperdicios líquidos-no peligrosos.

Esto lo reconoció el gerente de Salud, Seguridad y Protección Ambiental de El Coquí Landfill, de Humacao, y de Peñuelas Valley Landfill, René Rodríguez, durante la vista del día 12 de agosto.

Al final de su alocución, Font Robert agregó que el vertedero de Peñuelas no cuenta al momento con los permisos para recibir residuos de combustión de carbón porque aún no cumplen con unas disposiciones establecidas por la JCA. La abogada no pudo decir si Humacao había hecho una petición similar.

Contradicciones a la vista

Luego de concluida la vista, el senador Dalmau le expresó a los medios que no estaba complacido con las explicaciones que ofreció la representante de la JCA. Puntualizó que el proceso de este martes sacó a la luz varias contradicciones entre lo que planteó la AESPR y la JCA.

“Es la tercera vez que citamos al presidente de la Junta de Calidad Ambiental y no viene. A raíz de la información que hemos recibido y que hoy nos trae la licenciada, además de las resoluciones que teníamos, ha habido una contradicción en torno a si están o no autorizados para operar el manejo de desperdicios sólidos, entiéndase cenizas de carbón, en los vertederos de Puerto Rico”, dijo el senador estadolibrista.

“Hemos obtenido cartas de los acuerdos con la Autoridad de Energía Eléctrica que prohíben la disposición de esas cenizas. Hemos tenido información en el día de hoy de que la Junta (de Calidad Ambiental) le ha exigido un plan de cumplimiento que no ha sido aprobado. Tampoco ha sido aprobado el plan de manejo de desperdicios por parte de los vertederos. Hace rato hay un incumplimiento aquí que nos tiene que aclarar el presidente de la Junta”, añadió el legislador a la vez que cuestionó que por qué no se ha detenido la operación de depósito de cenizas y por qué no se han impuesto multas. 

¿Qué pasó en la vista anterior?