El Departamento de Justicia se opuso hoy a una medida legislativa que persigue otorgar mecanismos de protección a las víctimas de trata humana que sean inmigrantes indocumentados, por considerarla “innecesaria”.

El proyecto está bajo estudio en dos comisiones legislativas en la Cámara de Representantes.

Sin embargo, la abogada de la agencia, Viviana Catalá Díaz, no pudo ofrecerle datos concretos a las comisiones de lo Jurídico y de Bienestar Social sobre el protocolo y los casos que atiende la División de Asistencia a Víctimas y Testigos sobre esta práctica delictiva. 

La pieza de ley le ordena a la Policía referir a los inmigrantes ilegales que alegan ser víctimas de tráfico y esclavitud humana, a la División de Asistencia a Víctimas y Testigos del Departamento de Justicia, para que reciban orientación sobre los trámites para adquirir una visa temporera que concede la ley federal para esclarecer estos casos y que las personas sean referidas a organizaciones sin fines de lucro para que reciban asistencia legal.

Catalá Díaz sostuvo que los técnicos de la División “ya atienden a esta población”, por virtud de una orden administrativa de 2007.

La abogada argumentó además, que el delito de la trata humana está tipificado en el artículo 160 del Código Penal y recalcó que los referidos que se atienden en la División, provienen de fiscales y no de la Policía. 

“Ello es así debido a que el fiscal es el funcionario con la responsabilidad de determinar quién es la verdadera víctima y quién debe ser el acusado”, indicó la abogada, que compareció en representación del secretario de Justicia, César Miranda.

“No es que nos estemos oponiendo a las protecciones, es que en nuestro Departamento ya hay los mecanismos”, afirmó la abogada. No obstante, admitió a preguntas del presidente de la Comisión de lo Jurídico, Luis Vega Ramos, que la orden administrativa está sujeta a interpretación. “Claro que la ley tiene más fuerza”, reconoció Catalá Díaz.

La letrada tampoco tuvo respuestas cuando la presidenta de la Comisión de Bienestar y autora del proyecto de ley, Luisa “Piti” Gándara, le preguntó por el estado operacional de la División y cuántas víctimas ha atendido. Tampoco pudo precisar qué tipo de servicios reciben las víctimas ni si han sometido algún caso por trata humana.

La funcionaria se limitó a decir que se trata de un delito “reciente” de 2012 y dijo que el programa de protección a las víctimas de delito tiene empleados en las 13 fiscalías.

Tanto Vega Ramos como Gándara le concedieron a Catalá Díaz un plazo de cinco días para que le provea a las comisiones legislativas los datos que le solicitaron.

Al pedido, se sumaron los representantes, Manuel Natal (PPD) y Enrique Meléndez (PNP). El primero pidió información precisa para determinar cuándo es que la persona se convierte en víctima y en qué etapa el fiscal hace el referido a la oficina, mientras que el segundo, preguntó por el tipo de adiestramiento que se le da a los empleados que atienden a las víctimas.

“Concurro con usted, aunque se requerían algunas estadísticas, como somos territorio Americano y ese es un campo ocupado por Tío Sam, ya lo está atendiendo el Departamento de Justicia”, apuntaló por su parte, el representante Junior Pérez (PNP).

“Esta legislación viene porque hay grupos de inmigrantes que son víctimas de trata humana y no se atreven a denunciarlo por miedo a ser deportados”, sostuvo la representante Gándara.

El Colegio de Abogados, en una ponencia escrita, apoyó en principio la medida, pero propuso enmiendas. Entre ellas, recomendó añadir la trata humana como uno de los delitos por los cuales puede solicitarse indemnización mediante la Ley para la Compensación a Víctimas de Delito y eliminar el requisito de residencia legal para solicitar los beneficios del estatuto.

La presidenta del gremio, Ana Irma Rivera Lassén indicó que sería “una grave contradicción”, aprobar una ley de asistencia a inmigrantes víctimas de trata humana, mientras la referida ley mantiene “la exclusion discriminatoria” de no compensar a aquellas víctimas por tener una situación migratoria irregular.