Unos 19 transportistas y nueve compañías de transporte escolar están en la mira del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), quien los podría multar y hasta emitirles órdenes de cese y desista por supuestamente ponerse de acuerdo para controlar el mercado mediante acuerdos alcanzados de forma ilegal y presentados formalmente ante la Comisión de Servicio Público (CSP).

La radicación de cuatro querellas contra el grupo ante el DACO la hizo este jueves el secretario auxiliar de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia, licenciado Jesús Alvarado Rivera.

Según explicó el funcionario en una rueda de prensa realizada en la sede de Justicia, los transportistas se ponían de acuerdo para obstaculizar cualquier petición que hiciera una persona no relacionada a su grupo para expandir sus servicios o adquirir más guaguas para su flota, mediante la radicación de objeciones ante la CSP. Como presunto chantaje, obligaban al peticionario o llegaban a unos acuerdos en los que le ponían límite al servicio que podrían prestar para retirarle las objeciones a su petición.

Alvarado Rivera dijo que esos acuerdos, a los que catalogó de ilegal por violentar la Ley de Monopolio y Restricción al Comercio, lo plasmaban en documentos que presentaban ante la CSP. Dijo que, en algunos casos, hubo abogados involucrados en el proceso.

“Los transportistas utilizaron los procedimiento administrativos de la CSP para controlar y limitar la entrada de nuevos competidores al mercado de la transportación escolar. En algunas instancias los querellados formalizaron acuerdos para que los transportistas tuvieran menos vehículos disponibles para dar sus servicios y para que no solicitaran añadir más vehículos por espacio de un año. Otras veces acordaron reducir las zonas geográficas que recibirían sus servicios. Algunos transportistas, incluso, llegaron a pactar que se no ofrecería servicios a ninguna escuela de Puerto Rico y que no se presentarían ofertas en los procesos de subasta del Departamento de Educación”, expuso el licenciado.

 Estos acuerdos ilegales redundaron en un aumento en el gasto que tuvo que hacer Educación para contratar el servicio para los estudiantes de las escuelas públicas. El funcionario de Justicia detalló, como ejemplo, que en el 2009 la agencia gastó $89,275,545 en transporte escolar y en el 2013 el costo aumentó a $161,299,042.

 “Con este esquema impidieron que el transporte escolar se expanda. Eso mantiene precio por encima del mercado de libre competencia”, afirmó Alvarado Rivera.

Entretanto, el abogado afirmó que “por estos acuerdos no vislumbramos la radicación de cargos criminales”. Esto a pesar de que el supuesto esquema provocó que Educación tuviera que pagar más por el servicio.

 Para justificar la decisión, dijo que el peso de la prueba no es suficiente para un caso criminal, aun cuando alegó contar con los documentos firmados por los transportistas y grabaciones de audio. Indicó que la Ley de Monopolio y Restricción al Comercio requiere que se configure algunas de estas condiciones: acuerden entre varias personas una fijación de precios, hacer un boicot para sacar del mercado a una entidad o persona, o manipular una subasta.

 El representante de Justicia también aludió a que los jueces “en los tribunales no tienen gran experiencia tratando este tema de libre competencia”.

 Comentó que en el foro federal se trata más estos tipos de caso. No obstante, el juez terminaría emitiendo la orden de cese y desista, que es lo que Justicia busca ante el DACO.

 Esa orden de cese y desista del DACO tiene peso de ley, advirtió Alvarado Rivera.

 Además de esta orden, el DACO podría emitir multas de $5,000 por cada infracción que haya cometido el transportista para limitar el libre comercio.

 El grupo de transportistas incluido en las cuatro querellas radicadas ante el DACO son María Jiménez Galarza, William Vega Cotto, Luis Ortiz Marrero, Jaime Rivera Cruz, José Rivera Pérez, Alfonso González Nevárez, Celso García Estrada, Alberto Avilés Virola, Wilfredy López Cedeño, Jabison López Cedeño, Luis Reyes Caraballo, David Lugo Beltrán, Sergio Colón Colón, Luis Ramírez Flores, Miguel Ramírez Vázquez, Roman Orlando Ruiz Jiménez, Felícita Félix Garay, José L. Méndez Candelaria y Jorge Acevedo Arroyo.

Además, están incluidos en las querellas las corporaciones Transportación Escolar Félix Inc., JLM Transporte Inc., Yabucoa Bus Line Inc., Aica School Transport Service Inc., Transporte Escolar SS Inc., Arenas Bus Line Inc., Lelos Bus Line Inc, López Bus Line Inc., y Transporte Reyes, Mar, Inc.

 Cabe destacar que Justicia tendrá que litigar el caso como si estuviera en un Tribunal y presentar prueba para que DACO determine si multa a los implicados y emite las órdenes de cesa y desista.

 Por otro lado, el pasado 2 de junio Justicia logró que DACO impusiera sanciones contra otros 14 transportistas por hechos similares. El monto de las multas fue de $70,000, dijo el secretario auxiliar de Asuntos Monopolísticos.

 Para acabar con estos casos, Alvarado Rivera recomendó a la CSP cambiar su reglamento para permitir que un transportista pueda operar a nivel Isla y no en un solo municipio. También pidió a los comerciantes, abogados y otros implicados en este mercado a que se orienten.

 “El problema es la ignorancia, que no se conoce del mercado de libre competencia”, sostuvo.