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La paz está en el limbo

Por Alejandra M. Jover Tovar 12/31/2016 |00:00 a.m.
Programa contra la violencia depende de un dinero que le deben reembolsar desde hace meses.
Taller Salud ha expuesto que no puede identificar a los participantes del programa Acuerdo de Paz para no exponerlos, pero la Administración de Vivienda Pública dice necesitar esa información. (Archivo)  

Son mediadores de conflictos, orientadores y patrulleros en las zonas más calientes de Loíza, municipio donde la guerra a muerte entre bandos y familias ha sido tragedia de décadas. Y lo lograron, por un tiempo. Ahora, están sin fondos y en medio de una disputa con la Administración de Vivienda Pública (AVP), agencia que debe reembolsar  $90 mil que viene de fondos federales.

Tania Rosario, presidenta de Taller Salud, una organización sin fines de lucro bajo la cual está adscrito el programa Acuerdo de Paz, relató a Primera Hora que llevan “meses de lucha” tratando de recuperar el dinero que invirtieron en el programa, que impacta zonas de riesgo como el residencial Yuquiyú y otras comunidades, como Las Casitas y Honduras, y que se vio obligado a suspenderse en agosto luego de infructuosas gestiones de pago y decenas de reuniones y papeleos.

De hecho, en septiembre se vio un repunte de violencia cuando fallecieron tres personas, entre ellas una niña en medio de una balacera. 

“En febrero nos reunimos con José Serra, de la AVP, quien nos dijo que mantuviéramos el programa y así lo hicimos, pero ya en julio, al ver que no llegaba el dinero, hubo que despedir empleados. Esto no es un secreto; desde agosto Acuerdo de Paz, que tiene cinco años establecido, quedó inoperante por falta de fondos”, reclamó la líder.

Al programa se le adeudan fondos que ya invirtieron y, según Rosario, muchas veces las facturas les fueron devueltas por detalles como firmas o cierto papel que les requerían que no les habían informado antes. “Hemos entregado todo, todo. Lo que no vamos a entregar son las identidades de las personas a las que hemos ayudado, eso es confidencial”.

El asunto de la confidencialidad es, precisamente, la ficha de tranque para desembolsar el dinero. 

Oscar Colón, administrador auxiliar del área de servicios al residente de AVP, refutó los señalamientos de Rosario al indicar que “en el caso de Acuerdo de Paz, donde alegan que no pueden identificar el participante por razones de confidencialidad, lamentablemente la agencia no puede proceder con el pago”.

“Todos los fondos que recibimos tienen que ser brindados a residentes bona fide, o sea, que estén bajo contrato de alquiler en una de las unidades de Vivienda Pública”, abundó Colón. “En algunos de los programas de ellos no están documentando si ese residente que recibe el servicio es bona fide o es de otras comunidades, y en ese caso no tenemos que responder por el pago. La razón para destinar los fondos a programas de prevención es que vivan en  los residenciales”.

Taller Salud alega que muchas de las personas a las que les han ofrecido servicio no son  identificadas porque podrían verse expuestas.

“Nosotros con mucho gusto les dijimos que si nos dan el expediente también lo trabajaremos con confidencialidad acá. Pero, lamentablemente no están en la mejor disposición de someter esa información, que son controles internos que tenemos que cumplir”, expuso Colón.

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