Vienen tras un sueño. En busca de mejores oportunidades para los suyos, para los que dejaron allá en casa. Vienen tras el famoso “ sueño americano”.

Sin embargo, esa oportunidad parece estar cada vez más lejana, especialmente para quienes pisan suelo americano sin la documentación necesaria que formalice su status.

Una muestra de ello es la firma ayer de un acuerdo de colaboración entre empresas con operaciones locales y las autoridades federales para combatir la contratación de indocumentados a través del programa Image, creado en el 2006.

El programa pretende además mejorar la verificación de información de recursos humanos para evitar la aceptación de documentos que son producto del robo de identidad u otras prácticas ilegales.

Inmediatamente, la iniciativa, de la que forman parte sobre 50 empresas locales, cayó como un balde de agua fría en aquellos que se han dedicado a defender los derechos de esta población, en ocasiones marginada por su status migratorio y raza.

“Si hacen ese llamado (a no contratar indocumentados) por qué no hacen un llamado también para que aprueben la reforma migratoria. Somos mas de 12 millones de inmigrantes en los EE.UU. y lo único que quieren es mantener a sus familiares dignamente”, sostuvo José Rodríguez, presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos.

Ese reclamo por una reforma, dijo, no lo hacen “porque quieren que esos 12 millones de esclavos trabajando en el sistema sin que se les pague seguro médico, Seguro Social y desempleo. Ellos mismos propician eso porque, quienes controlan la frontera son los federales, por eso es un acto de hipocresía. Eso quiere decir que ellos no están haciendo su trabajo”, alegó.

Ángel Meléndez, director de la oficina regional del ICE, indicó, sin embargo, que se trata de todo lo contrario. Sostuvo que la iniciativa ayuda a evitar la competencia desleal que supone contratar personas no autorizadas a laborar en Estados Unidos.

Observó que las compañías que otorgan trabajo a indocumentados pagan salarios más bajos que empresas “con fuerza laboral legal” y al violar la ley ponen en riesgo la seguridad, así como la estabilidad económica del país.

Aunque reconoció que la mayoría de las empresas quieren cumplir con las normas de reclutamiento, reconoció que algunas se desvían y aceptan documentos falsificados o permiten esquemas de falsa identidad, entre otras prácticas para no pagar el salario mínimo federal u otras ilegalidades.

Es ahí, entonces, dónde deberían enfocarse las agencias federales a juicio de Romelinda Grullón, directora del Centro para la Mujer Dominicana. “No se debe penalizar ningún trabajador independientemente su status migratorio, lo que se debe regularizar es que le paguen lo que es debido y que no se le violen sus derechos. Entender que el inmigrante viene a hacer una gran aportación al país”, apuntó.

A quienes deben penalizar, señaló, es a quienes no les pagan el salario mínimo, insistió.

Tras la firma del acuerdo, las empresas inician un proceso de cuatro entrenamientos básicos que incluyen técnicas de cómo detectar documentos fraudulentos y cómo realizar la revisión de formularios laborales indispensables como la I-9, que es la planilla de elegilibidad de empleo en Estados Unidos.