Manifestación por los 40 años de la legalización del aborto

01/21/2013 |07:01 p.m.
El 22 de enero de 1973, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió en su decisión del caso Roe versus Wade que toda mujer tiene el derecho fundamental y constitucional de poder interrumpir su gestación no deseada.

Un bebé de cinco meses se destacó entre las decenas de personas, en su mayoría féminas, que participaron este lunes en una manifestación en el lado norte de El Capitolio, conmemorando el caso Roe versus Wade, y cuya decisión reconoció el derecho de las mujeres a interrumpir una preñez no deseada.

Y es que sus progenitores, Luz Santiago y Amado Martínez, activistas del movimiento Dios le debe a Hacienda, llevaron al pequeño Isaías con la idea de demostrar que la determinación de tener un hijo debe ser pensada y no obligada o influenciada por ideologías religiosas.

“Creemos que lo que estamos defendiendo es un derecho para la libertad de la mujer y no lo estamos convirtiendo en una cuestión ideológica la idea de la vida, que es parte del problema. Consideramos que el derecho debe ser la capacidad de tú poder decidir a partir tus capacidades. El que de verdad no tiene la capacidad de poder criar, debe poder no tenerlo y ya”, expresó Martínez.

“Estamos aquí con nuestro bebé porque, precisamente, este bebé fue decidido por nosotros, dentro de una relación, y fue un bebé deseado y planeado”, añadió Santiago.

La pareja, como los demás manifestantes convocados por el Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico (MAMPR) y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), entonaban consignas por medio de las cuales reclamaban la separación de Iglesia y Estado y el derecho de las mujeres sobre su cuerpo.

El 22 de enero de 1973, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió en su decisión del caso Roe versus Wade que toda mujer tiene el derecho fundamental y constitucional de poder interrumpir su gestación no deseada.

Antes de ese fallo, en varios estados se consideraba el aborto como un delito, obligando a las féminas que quisieran terminar su preñez a hacerlo de manera clandestina.

“A pesar de que se cumplen 40 años (de esa decisión), en los Estados Unidos y en Puerto Rico, más todavía, el aborto y la terminación de embarazos sigue teniendo muchísimas dificultades. Es un derecho, es legal en Puerto Rico, y sin embargo, la mayoría de la gente, lo ve como un asunto ilegal”, manifestó Sara Benítez, portavoz del MAMPR.

Benítez responsabilizó principalmente a los organismos religiosos de base fundamentalista, de que a pesar de la legalidad del aborto, dicha acción continúe viéndose en la Isla de forma negativa. De igual manera, señaló “la negación del Estado, de asumir su responsabilidad, no solamente educativa, sino de proveer servicios”.

“Aquí hay muy poco acceso a servicios para terminación de embarazos. A pesar de que es legal, el estado no cumple entonces con el derecho que tenemos las mujeres de tomar esa decisión”, agregó Benítez.


Verónica Rivera Torres, de CLADEM, mencionó que el reclamo hacia el gobierno es que ofrezca más servicios, que incluyan desde métodos anticonceptivos, orientación, clínicas y ayuda sicológica, entre otros.

“Nosotros lo vemos de una forma integral, orgánica. Todo eso estamos pidiendo que el gobierno lo provea porque mientras eso no pase, aunque el aborto sea legal, como lo es, van a haber miles de mujeres que tal vez tomarían una decisión informada, si tuvieran el acceso a esos servicios”, explicó Rivera Torres.

Asimismo, hizo un llamamiento al liderazgo gubernamental a que elimine del Código Penal de Puerto Rico al aborto como delito.

“Estamos exigiendo que este nuevo gobierno derogue eso, que lo quite para que sea acorde no solo con lo que dice Roe versus Wade, sino con los derechos humanos y los instrumentos internacionales que establecen que la mujer tiene derecho a decidir”, sostuvo Rivera Torres.

Benítez indicó que al ser un derecho de la mujer el control sobre su cuerpo, debe educarse a los jóvenes en las escuelas desde una perspectiva de derechos humanos, específicamente bajo lo que son los derechos reproductivos y sexuales.

“Por lo tanto, desde una educación sexual temprana, todo lo que tiene que ver con derechos reproductivos debe estar incluido en un curso y en la educación sexual de nuestros jóvenes, que desde temprano vean la sexualidad y la reproducción como algo natural, y además, el derecho que tienen todas las mujeres de controlar su cuerpo”, resaltó Benítez.

Del mismo modo, afirmó que una educación de este tipo ayudaría a evitar una preñez no deseada y enfermedades de transmisión sexual.

Durante la actividad, estuvo presente la presidenta del Colegio de Abogados de Puerto Rico, Ana Irma Rivera Lasén, quien reiteró que apoyar el derecho de las mujeres al aborto, ha sido siempre una posición tradicional del organismo que representa.

“Estoy aquí para defender los derechos que tenemos todas las mujeres en Puerto Rico, que están establecidos tanto por la Constitución de Puerto Rico como en las Decisiones de los Estados Unidos y Puerto Rico, donde reconocen que el control del cuerpo de la mujer es de las mujeres, y eso incluye el control sobre los derechos sexuales y reproductivos”, planteó Rivera Lasén.

Durante la mañana, fue otro grupo, esta vez de religiosos, el que ocupó la Plaza de la Democracia, ubicada en el lado norte del Capitolio, para proclamar su rechazo a la decisión que en 1973, instituyó el derecho al aborto.

El Comité Nacional Pro-Vida efectuó la llamada "Marcha por la vida" para hacer constar su repudio a la terminación de embarazos, y reclamar a los legisladores que no aprueben medidas que atenten contra el derecho a la vida.

"Esta decisión... adormece las conciencias de las personas", declaró Carlos Sánchez, presidente de la Asociación Pro-Vida.

Durante la actividad, se le otorgó un reconocimiento a la representante novoprogresista María Milagros Charbornier por solidarizarse con las causas de los grupos religiosos.

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