Ponce. Los partidos Popular Democrático, Independentista Puertorriqueño y del Pueblo Trabajador se unieron a sindicatos e integrantes de la sociedad civil para repudiar la privatización de varias instalaciones ponceñas, impulsada por la administración de la alcaldesa novoprogresista María Meléndez Altieri.

El colectivo multisectorial anunció hoy, lunes, que a modo de protesta realizarán una marcha el próximo sábado, 6 de agosto, desde las 10:00 a.m., saliendo desde el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns en esa ciudad. 

Esa instalación es una de siete que pasarían a ser administradas por manos privadas a cambio de un canon nominal, según dispone la Ordenanza 26 serie 2015-2016. Las demás son el teatro de la Plaza del Mercado Isabel II, el Coliseo Salvador Dijols, el Parque Recreativo Julio Enrique Monagas, el Complejo Víctor Vasallo, el concesionario de bebidas del Teatro La Perla y el patio interior del Centro para el Fortalecimiento de las Artes.

La marcha fue convocada por los candidatos a alcalde de Ponce de los tres partidos de oposición: José Escabí (PIP), Víctor Vasallo (PPD) y Ramón Rodríguez (PPT). 

En la rueda de prensa efectuada hoy también estuvieron presentes Mayra Rivera, representante de los empleados municipales y de la United Steelworkers; Eduardo Cruz Vélez, coordinador de la región Sur del colectivo Todos Somos Pueblo; Javier Rodríguez Cedeño, de Prosol Utier; Roberto Pagán, presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores; Edgardo Millán, de la Unión de Trabajadores de la Industria Licorera de Ponce; y Gerson Guzmán López, de la Unión General de Trabajadores.

“Teníamos serias preocupaciones de cómo esto iba a impactar a la ciudad. De ahí surge esta unión tripartidista, de sindicatos. Este es el ejemplo idóneo de lo que Puerto Rico necesita. Una sola voz llevando un mensaje, de que le estamos diciendo a la alcaldesa no a la privatización, que cese y desista”, afirmó Vasallo, quien adelantó que acudirían al tribunal si el ayuntamiento sigue hacia adelante con la propuesta.

Las reservas del colectivo se centran en cuánto recibirá el municipio por concepto de renta, cómo se afectará el acceso de los ciudadanos de bajos recursos económicos a estas instalaciones si se aumentan los costos de entrada y qué pasará con los empleados municipales que en ellas laboral.

Ramón Rodríguez, por su parte, dijo que el PPT está dispuesto a realizar desobediencia civil.

En declaraciones escritas enviadas antes de la rueda de prensa del grupo, la alcaldesa Meléndez Altieri dijo que estas instalaciones necesitan mejoras de infraestructura urgentemente y que el municipio no tiene dinero para ello.

“En este momento estamos analizando propuestas, anticipando escenarios, haciendo cálculos, de manera que podamos garantizar ahorros en gastos y mejores servicios para los ciudadanos. Queremos potenciar al máximo el desarrollo de estas facilidades que administra el MAP, pero necesitamos la inyección económica de la empresa privada y el tercer sector”, manifestó en comunicado de prensa.

Meléndez Altieri aseguró que el dinero que generan estas instalaciones no da para sostener su operación debido al aumento en el costo de construcción y porque los municipios tendrán que empezar a pagar por el consumo de energía eléctrica de estas dependencias.