San Juan, Carolina, Bayamón, Caguas, Guaynabo, Ponce y Fajardo son los pueblos con mayor número de propiedades reposeídas en venta, según establece la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF).

A la cabeza de este renglón, se encuentra San Juan con un total de 548 propiedades en venta lo que supone un valor de $60,785,865; en segundo puesto se encuentra Carolina con 346 unidades para unos $34,816,208; y el tercer ayuntamiento con mayor número de propiedades en inventario es Bayamón con unas 309 casas, para un total de $23,385,052. 

En la cuarta posición le sigue Caguas, donde hay 175 propiedades en venta para un valor de $16,420,532; en Guaynabo hay unas 154 residencias en inventario lo que representa unos $23,385,052; le sigue de cercaFajardo con 152 propiedades en venta para unos $9,229,576; y en el Sur es Ponce en el puesto séptimo con mayor número de residencias en inventario de la banca con unas 144 casas para un valor de $9,141,259. 

En lo que va de año se han ejecutado 663 residencias, incluyendo los meses donde estaban en vigor las moratorias otorgadas por los bancos y los inversionistas que impedían comenzar un proceso de ejecución o completar alguno que ya hubiese comenzado. 

Sin embargo, esta cifra contrasta con el 2017 cuando, a esta misma fecha, se habían registrado 3,470 ejecuciones de un total de 4,568 que había al finalizar el año. 

 Aun así, esto no da por hecho que vayamos a tener un 2018 con menos residencias en poder de la banca, pues hay ciertas variables que pudieran impactar esos números, tanto positiva como negativamente, explicó explicó George Joyner, comisionado de Instituciones Financieras.

“Durante los primeros cuatro meses del año lo que tenemos en ejecuciones reportadas son 663 unidades, pero no quiere decir que no estamos anticipando un aumento en las ejecuciones porque durante los últimos tres meses del año 2017 se dio un incremento grande en la delincuencia de las hipotecas con atrasos de 30, 60 y 90 días”, indicó Joyner. 

A pesar de esto, Joyner explicó que las delincuencias de 30 y 60 días han bajado significativamente de su pico, pues los atrasos de 30 días llegaron a estar en un 18% y los de 60 en un 13.5%. 

En el caso de las cuentas con atrasos de 30 días, que son las hipotecas que más al día, han vuelto casi al nivel que estaban antes del huracán. 

“Las de 90 días estamos viendo que están cerca de 15% de un pico de 18% al que habían llegado. Eso creemos que se debe a que todavía no han entrado en vigor los planes de mitigación de delincuencia que se asociaron como parte del programa de CDBG-DR, donde se asignaron $45 millones para ayudar a las personas que se atrasaron y que se acogieron a los planes de moratoria”, indicó el Comisionado.

No obstante, según estadísticas de OCIF, en agosto del año pasado (previo al huracán), solamente el 6% de las hipotecas debían tres pagos o más, comparado con el 13.5% del que estamos hablando ahora, lo que representa un 7.5%, que es casi el doble de hipotecas con atrasos de más de 90 días. 

“Cuando se pusieron en atrasos de tres pagos o más fue en el periodo de moratoria y yo entiendo que parte de esos clientes se deben poder ayudar con el programa de asistencia a personas que se acogieron a moratoria. Este programa lo que hace es que las personas que tenían su cuenta al día o con no más de 30 días de atraso al momento de pasar María, se le brindaba ayuda para poner su hipoteca al día”, informó Joyner,

NO SE PUEDE CANTAR VICTORIA

Por su parte, el abogado Alexis Sánchez Morales, coordinador del proyecto de Pro-Bono, Inc., para la prevención de ejecución de hipotecas, explicó cómo se supone que funcionan las moratorias que pudieran ser responsables, “hasta el momento”, de la merma en casos de ejecuciones. 

“Además de las moratorias de los respectivos bancos, estaban las moratorias que afectan a los inversionistas como las de Federal Housing Administration (FHA en inglés). Esas moratorias de FHA le impedían a los bancos comenzar o continuar con un proceso de ejecución de hipotecas sobre propiedades que tuviesen este tipo de préstamo. Luego de los tres meses que se vencían en marzo, la extendieron hasta mayo y, en mayo, hubo otra que se extendió, pero con otros requisitos”, dijo Sánchez Morales. 

Sin embargo, según el licenciado en leyes, esas herramientas debieran incluso reflejar un impacto mayor al que se puede constatar en las cifras de OCIF, por lo que entiende que de esas 663 propiedades puede que hayan préstamos FHA que no podían ser ejecutados, según dispone la ley.

“Basado en la tendencia que se viene dando desde el 2008, entre un 30% a un 50% de los préstamos son FHA, por lo que me parece que deben haber casos FHA en esas 663 ejecuciones. Si hay una sola hipoteca FHA, entonces esa ejecución se hizo en contra de la ley. La persona perjudicada pudiera hacer su alegación y FHA, que son los aseguradores de ese préstamo, pueden desistir de darle la póliza a ese banco; le pueden quitar la clasificación y el banco dejaría de contar con este tipo de préstamo FHA que es bien tentador porque está asegurado”, detalló el abogado. 

No obstante, Sánchez Morales dice no poder asegurar que las herramientas otorgadas a los propietarios en medio de la emergencia pudieran lograr que el 2018 cierre con un número menor de ejecuciones hipotecarias, ya que cabe la posibilidad de que María, en lugar de “salvarnos” de tantas ejecuciones, pudiera haber postergado la agonía.

“Los números de este año no van a ser iguales a otros años porque tienes esas herramientas creadas por el gobierno federal que aguantaron a la banca en las ejecuciones. Pero esto no significa que la crisis no esté ahí porque si te vas a los números de los casos en mora ahí es que ves la cantidad de préstamos que siguen estando en atraso y eso puede desencadenar en ejecuciones a futuro”, culminó Sánchez Morales.

En caso de enfrentarse a un proceso de ejecución hipotecaria, puede buscar orientación y representación legal gratuita comunicándose con Pro-Bono, Inc. al 787-721-3398 o libre de costo al 1-800-981-5801 o visitando www.hipoteca.probonopr.org.