Ante la proliferación de estructuras abandonadas alrededor de la Isla, un proyecto de ley del representante Luis Vega Ramos permitiría a los gobiernos municipales obtener la titularidad de esos inmuebles para transferirlos luego a organizaciones sin fines de lucro que interesen desarrollar en ellos proyectos comunitarios, educativos o culturales. 

El Proyecto de la Cámara 2583 fue presentado este miércoles por el representante del Partido Popular Democrático (PPD) y la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, junto a algunos de los líderes del proyecto de base comunitaria Casa Taft 169, que se gesta desde hace dos años en una estructura que había permanecido abandonada por cuatro décadas, y que representaba para la comunidad cercana a la Calle Loíza, en Santurce, un riesgo a la salud, a la seguridad, y le restaba valor estético y económico a la zona. 

“La dificultad de convivir con estos espacios desatendidos nos convierte a todos en herederos de un problema que necesita atención urgente. La ciudadanía, desde sus diversas agrupaciones, intereses y capacidades tiene el deseo de asumir su deber en la tarea de recuperar estos espacios para ponerlos al servicio de la comunidad”, resaltó Marina Moscoso, una de las fundadoras de Casa Taft 169, que promueven los miembros de la Asociación de Residentes Machuchal Revive. 

La intención de la pieza legislativa es que otras entidades sin fines de lucro se interesen en apropiarse y reclamar aquellas instalaciones que actualmente no se utilizan para restaurarlas y crear en ellas proyectos de interés público. 

El proyecto, cuya redacción contó con la colaboración del profesor Gerardo Bosques y estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, enmendaría el Código Civil y la “Ley para Viabilizar la Restauración de la Comunidades de Puerto Rico” para permitir que los ayuntamientos puedan acceder a la titularidad de las estructuras declaradas estorbos públicos, y puedan luego establecer acuerdos con las organizaciones sin fines pecuniarios para venderlas por un valor nominal, cederlas, donarlas o arrendarlas para que impulsen sus iniciativas. 

Actualmente, los gobiernos municipales no tienen autoridad legal para obtener la titularidad de esas edificaciones, pues el Código Civil dispone que, cuando no haya herederos, ese inmueble pasaría al Fondo de la Universidad de Puerto Rico (UPR). 

La pieza legislativa enmendaría esa normativa para establecer que, en los casos que involucren estorbos públicos, la prioridad en la titularidad la tengan los municipios.

Vega Ramos dijo que buscaría traer a la discusión a la UPR, y destacó que a lo largo del trámite legislativo podrían incluirse cambios a la medida para garantizar que esa institución retenga la titularidad de aquellas propiedades sin herederos que se ubiquen en un perímetro cercano a sus respectivos recintos.

“Con esta pieza legislativa, lo que queremos es ahondar esa política pública que lo que busca es precisamente poner al gobierno y a las comunidades en procesos de ser aliados y amigos”, indicó Vega Ramos.

La Alcaldesa de San Juan, por su parte, señaló que el proyecto de ley permite redefinir la relación que tienen las instituciones gubernamentales con las comunidades, y resaltó que, además de un marco legal para fomentar y promover las alianzas, se requiere la voluntad de las partes para hacerlas posibles.

“Hay una estructura legal que le permite a la comunidad exigir lo que es de ellos.  ¿Y qué es de ellos? El problema (de los estorbos públicos) es de ellos. Si el municipio no es parte de la solución, entonces es parte del problema”, enfatizó Cruz Soto.

El proyecto de Vega Ramos, que aún no tiene fecha de vistas públicas, fue respaldado por 18 entidades sin fines de lucro destacadas en diferentes quehaceres y disciplinas.