¿Sorprendidos? No. ¿Apenados? Sí.

Así reaccionaron ayer abogados y líderes ambientalistas que objetaron que el gobernador Alejandro García Padilla no apoye ahora la derogación de la Ley Tito Kayak, que tipifica como delito grave de cuarto grado la obstrucción o paralización de obras de construcción que cuenten con permisos del Gobierno.

“El día que tengamos que llevar a cabo una manifestación, donde sea, aunque sea dentro de La Fortaleza, la vamos a hacer, con ley o sin ley. Nosotros estamos con el pueblo... Si tenemos que violar la ley para defender algo que es justo, lo vamos a hacer”, declaró el activista que le da nombre al estatuto: Alberto de Jesús “Tito Kayak”.

De Jesús dijo que no le extraña la posición asumida por el gobernador. Dijo que la suya fue una promesa “para obtener el poder”.

El experimentado abogado en temas ambientales Pedro Saadé –que estuvo en enero en la reunión que García Padilla tuvo con líderes ambientales– consignó que ese día el mandatario les indicó que iba a “revocar la ley, no a enmendarla”.

“Lo que dice ahora contradice el compromiso del programa del Partido Popular. Todo esto pone en juego la palabra del gobernador”, dijo.

Saadé expresó preocupación sobre “quién establece la política pública en este tema, si García Padilla o el secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances”.

Recordó que, en la reunión de enero, el primer ejecutivo les dijo “que no se preocuparan, que la política pública la sentaba él”.

Saadé agregó que “la excusa” que se da ahora de que hay otros mecanismos para impugnar los permisos “es un mito”.

“La Ley de Permisos aprobada en la administración pasada y las nuevas doctrinas del Tribunal Supremo se diseñaron para limitar que la ciudadanía participe de los procesos de permisos e impugne en corte”, insistió el togado.

“Esa ley (la Tito Kayak) para lo que está hecha es para intimidar”, subrayó.

El líder ambientalista Nelson Pérez, de la organización Playa para Todos, también estuvo en la reunión de enero y coincidió en que ese día el gobernador se reiteró en el compromiso que contrajo en la campaña.

Para Pérez, García Padilla “se vende a los grandes intereses”. Sostuvo que él “no gobierna” y que tampoco le extrañan las declaraciones ofrecidas por el mandatario de que la Ley Tito Kayak no se va a derogar.

“Quienes están controlando el Gobierno son otras personas. Si deroga la ley, al otro día no le compran los bonos del Gobierno”, comentó.

Pérez también le recordó al gobernador que el proceso para la otorgación de permisos no es justo ni balanceado; que aquí se le restringió el standing o legitimación activa en todos estos procesos a las comunidades y a los ambientalistas, incluso a acudir al Tribunal de Apelaciones para proteger los recursos naturales.