Decenas de personas se congregaron frente al edificio que alberga el tribunal de los Estados Unidos para el distrito de Puerto Rico, situado en la calle Chardón en Hato Rey, para unirse al llamamiento que hiciera la Alianza Católica Puertorriqueña por la Vida y por la Patria.

Esta organización intenta que el gobernador Alejandro García Padilla revoque el memorando de colaboración que se renovó recientemente con las autoridades federales de seguridad, por entender que viabiliza el aumento del número de casos que podrían certificarse para ser juzgados con la pena de muerte en el tribunal.

La manifestación de los religiosos se sumó hoy al reclamo multisectorial en la Isla en contra de la sentencia máxima, mientras en el interior del tribunal federal un jurado sesiona sobre la imposición o no de la pena de muerte a Alexis Candelario Santana, convicto por la matanza de La Tómbola, en la que ocho personas murieron y 20 resultaron heridas.

Joanne Rodríguez Veve, portavoz de la Alianza, opinó que la imposición del castigo de muerte “lacera el más fundamental de los derechos, que es el derecho a la vida”.

“Entendemos, como bien nos explica el catecismo de la Iglesia Católica, que mientras el Estado tenga otros medios para separar de la sociedad una persona que representa una amenaza para la seguridad, se deben utilizar esas otras medidas como medio más digno de castigo”, expresó la activista.

Rodríguez Veve recordó que García Padilla se ha pronunciado varias veces, antes y después de la campaña electoral, en contra de la pena capital. Sin embargo, la también abogada considera que las expresiones en contra, por parte del mandatario, no son suficientes.

“Le pedimos al gobernador Alejandro García Padilla que revoque ese memorando de entendimiento porque entendemos que él tiene la voluntad y la autoridad para poder hacerlo de manera unilateral. Creemos que si este memorando es revocado, el número de casos que podrían certificarse como de pena de muerte reduciría dramáticamente”, señaló.

En el exterior del Tribunal Federal, medio centenar de manifestantes portaba carteles con mensajes alusivos a su reclamo, mientras líderes de la Iglesia Católica se expresaban a favor de la defensa a la vida y entonaban cánticos religiosos.

“Sí, a la vida; no, a la pena de muerte”, “Defensa de la dignidad humana. Todos somos responsables”, “La pena de muerte no hace justicia” y “Venganza no es justicia”, son algunos de los mensajes que mostraban los participantes, entre los que se encontraba Carlos Negrón, padre de Karla Michelle, la quinceañera fallecida tras ser impactada por una bala perdida en la despedida del año 2011.

Negron, quien se ha convertido en una figura recurrente en este tipo de actividades, reiteró su posición en contra de la pena de muerte.

“Que la Corte Federal entienda, de una vez y por todas, que en Puerto Rico, la pena de muerte no cabe. El quinto mandamiento dice ‘no matarás’, y cómo nosotros los ciudadanos de Puerto Rico vamos a permitir que se mate a esa persona que fue encontrada culpable matar. Cómo nosotros vamos a hacer lo mismo por lo que a él se le está acusando”, sentenció Negrón.

Luz Burgos, representante del Consejo de Acción Social Arquidiocesana, agregó que el oponerse a la pena de muerte no significa que favorecen que el acusado que asesinato quede impune.

“Amamos la vida, y entendemos que Dios así lo quiere. La vida humana, sea de quien sea tiene un valor porque Dios nos ha dado ese valor a todos sus hijos”, dijo Burgos, quien agregó que en Puerto Rico, los líderes del gobierno deben legislar para que cesen las certificaciones de casos de pena muerte.

“Aquí se abolió la pena de muerte desde 1929, y seguimos como pueblo cristiano amando la vida y rechazando la pena de muerte”, resaltó al recordar que el 26 de abril próximo, la Coalición Contra la Pena de Muerte conmemorará el 84 aniversario de la abolición de la pena capital en la Isla.

El vicario pastoral de la Diócesis de Caguas, Feliciano Rodríguez Domínguez, destacó que la Iglesia Católica considera que hay otras maneras de atender el asunto de la criminalidad en el país, sin tener que recurrir a la sentencia máxima y que “es una responsabilidad ciudadana y gubernamental encontrar esas nuevas formas que no sean desquitarnos contra la vida de los que han sido parte de esta crisis”.

A solo días para la observación de la Semana Santa, Rodríguez Domínguez reafirmó la posición de la comunidad puertorriqueña en general, que históricamente se ha pronunciado en contra de la pena de muerte, y dijo que la voluntad del pueblo debe ser respetada.

“Es irónico porque indica que el sistema no se da cuenta de lo que es la sensibilidad espiritual de este pueblo, que se expresa justamente en la defensa de la vida en un sentido recogimiento y de pensar en el Dios de la vida. La Semana Santa termina en el Domingo de Pascua que es la fiesta de la resurrección. El movimiento de Dios es a hacia devolver la vida, no a quitarla. Aquí estamos viendo el fenómeno contrario”, subrayó Rodríguez Domínguez.