El grueso de las evaluaciones y reevaluaciones que se realizan en el sistema de educación pública para determinar si un estudiante debe entrar al programa de educación especial o mantenerse en él son incompletas, no utilizan necesariamente las pruebas y materiales indicados y se realizan con menos tiempo del requerido, lo que resulta en niños mal diagnosticados.

Así lo afirmaron hoy miembros de la Junta Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico en una ponencia ante las comisiones de Educación, Para el Fomento de las Artes y la Cultura; de Bienestar Social y para la Erradicación de la Pobreza y la de Salud de la Cámara de Representantes.

“El sistema no provee tiempo ni oportunidad para determinar el mejor instrumento de evaluación (verbal o no verbal, cognoscitiva, de aprovechamiento académico, etc.), instrumentos (cernimientos, escalas, etc.) o intervenciones adicionales necesarias para llevar a diagnósticos certeros”, sostuvo el presidente de la mencionada Junta, Edward Fankhanel Seda, en ponencia que firman los demás miembros del organismo.

Refiriéndose a las corporaciones privadas que contrata el Departamento de Salud para que realice estos diagnósticos, agregó que las mismas “no proveen los instrumentos de medición, lo que pudiera limitar la variedad de pruebas disponibles y depende de la capacidad económica del evaluador o la evaluadora para obtener las mismas”.

“Por todo lo antes expuesto, es nuestra impresión que el porciento que reporta el Departamento de Educación de niños/as registrados en el Programa de Educación Especial incluye a niños y niñas mal diagnosticados y excluye a niños y niñas que no han sido identificados por faltas en el proceso”, resumió.

Las tres comisiones camerales evalúan en conjunto el aumento vertiginoso que ha experimentado la cantidad de niños y niñas incluidos dentro del mencionado programa, proporciones que prácticamente duplican las que mantienen otras jurisdicciones comparables.

Entre las denuncias que hizo la Junta Examinadora ante las comisiones incluyeron que la Ley 170 aprobada en el 2000 y que dispone que cada escuela tiene que contar con un psicólogo, nunca ha sido implementada.

“Esta Ley establece que el Departamento de Educación debe contar con un psicólogo por cada 500 estudiantes. Tiene más de 14 años de vigencia y no se ha implantado. Bajo las disposiciones de la misma los psicólogos y psicólogas darán apoyo y servicios tanto al personal docente como al estudiantado directamente”, recordaron.

“Actualmente el maestro o maestra es responsable de identificar a estudiantes que pudieran tener alguna dificultad en su desarrollo, conducta, aprendizaje o problema emocional. La escuela no cuenta con un personal de apoyo cualificado, que tenga los criterios para determinar si es necesario referirlo a una evaluación, a través del programa de educación especial o si requiere algún otro servicio o intervención”, se indicó.

A preguntas del presidente de la Cámara, Jaime Perelló, los deponentes relataron que para el proceso de reevaluar a los estudiantes para determinar si se mantienen en el programa de educación especial se realizan “maratones de evaluación” en el que en un solo día se evalúan sobre 300 estudiantes, lo que estimaron equivale a media hora con cada alumno, cuando lo mínimo que requeriría ese tipo de evaluación serían unas cuatro horas.

“Para ninguno de los dos procesos el psicólogo tiene la información de trasfondo del paciente que va a evaluar”, dijo por su parte la psicóloga y parte también de la Junta, María Rolón.

Relataron que en algunos casos los propios padres presionan a los psicólogos para que no saquen a sus hijos del programa por temor a perder las ayudas que reciben.

Rolón afirmó que el 85% de los casos que ha evaluado y que fueron diagnosticados como de educación especial, están mal diagnosticados. Indicó que los casos de problemas de aprendizaje que ha evaluado el 100% estuvieron también mal diagnosticados.

“El proceso, desde el punto de vista psicológico, no se lleva de la forma correcta por lo que hay una alta probabilidad de que los diagnósticos estén errados”, recalcó a preguntas de la presidenta de la Comisión de Educación, Brenda López de Arrarás.

La representante Luisa “Piti” Gándara recordó, por su parte, que el programa de educación especial le cuesta al Departamento $430 millones, de los cuales apenas una cuarta parte son fondos federales y el resto los aporta el Fondo General.

La presidenta de la Comisión de Salud, Lydia Méndez, instó a sus compañeras presidentas de las comisiones que desarrollan estas audiencias y al presidente de la Cámara, a aprovechar este momento cuando se levanta nuevamente esta información tan alarmante para atender de una vez este problema, particularmente garantizando que las leyes que aprueba la Legislatura se respeten y se apliquen.

Entre las recomendaciones que hicieron los miembros de la Junta Examinadora incluyeron la aplicación de la Ley 170 para que los psicólogos puedan brindar servicios directamente en las escuelas; que se fiscalice a las corporaciones que ofrecen servicios psicológicos donde se pueda regular la paga mínima a estos profesionales y las condiciones de trabajo; y que se establezcan consecuencias económicas, legales y contractuales para aquellas corporaciones que impidan que se cumpla con las mejores prácticas profesionales y éticas de la profesión de psicología.