El Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) tuvo que pagar una multa de $10,000 impuesta por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres por violar su política interna contra el hostigamiento sexual al no notificar a la perjudicada sobre el acuerdo y la sanción impuesta contra el facultativo implicado una vez concluyó la pesquisa.

“Como parte de nuestra intervención, encontramos que la institución educativa actuó en contra de los procesos y las normas establecidas en la política pública contra el hostigamiento sexual al negarse a notificar a la querellante, en este caso la testigo, luego de realizada la pesquisa y ser adjudicada. Es importante que todo patrono conozca que tiene una responsabilidad de cumplir con las disposiciones de esta legislación especial y que no hacerlo puede conllevar la imposición de multas administrativas. Nuestra agencia fiscalizará dicho cumplimiento en beneficio de todas las mujeres”, manifestó la procuradora, Wanda Vázquez, en comunicado de prensa.

La exfiscal explicó que al RCM se le imputó violar la Ley de Hostigamiento Sexual en las Instituciones de Enseñanza.

El caso considera una querella que presentó una estudiante de medicina dental contra un facultativo el 5 de junio de 2007.

“Los actos surgen de correos electrónicos enviados a la entonces estudiante con alto contenido sexual”, agregó Vázquez y estableció que su oficina emitió una resolución imponiendo la multa al recinto, el cual no pidió ni recurrió al Tribunal de Apelaciones, por lo cual la decisión “es de carácter final y firme”. 

Por su parte, el RCM envió declaraciones escritas aclarando que la responsabilidad de cumplir con la notificación a la estudiante era por parte del director de la Oficina de Asesores Legales que estaba en funciones en 2013, quien “incumplió con su responsabilidad y ya no trabaja para la UPR”.

“Ante tal incumplimiento de sus funciones, el RCM está evaluando las acciones legales a instar en su contra”, informó la institución por escrito.

En cuanto al caso, se indicó que a raíz de la querella presentada por la estudiante, se inició un trámite administrativo designando a un oficial investigador, quien rindió un informe recomendando la formulación de cargos contra el profesor. La recomendación fue acogida y se siguió el procedimiento administrativo formal ante un oficial examinador en diciembre de 2007.

El proceso para llegar a un acuerdo en cuanto a la sanción que se le impondría al hostigador se formalizó casi seis años más tarde, en febrero de 2013, y fue acogida por el entonces rector. “Mas el mismo no le fue notificado a la estudiante”, resalta la comunicación.

“El RCM tiene políticas contra el hostigamiento sexual bien definidas y la presente administración tiene como política pública hacerlas cumplir”, se enfatiza como forma de asegurar un compromiso de la actual dirección de Recinto de Ciencias Médicas de actuar diligentemente en este tipo de casos.