Si los días para un recluso  deben ser difíciles al verse coartado de su libertad, imagínese cómo deben transcurrir para un reo que, adicional a lo que conlleva el encierro, se ve aun más limitado debido a una discapacidad física.

Esa es la historia de Alejandro Ovalle Mejías, un reo parapléjico que lleva siete años confinado en la 448 de la cárcel regional de Bayamón.  

“Ahora me encuentro postrado en una silla de ruedas, que no puedo hacer varias cosas por mí mismo y restringido de la libertad, alejado de mis seres queridos... ha sido bien difícil”, confesó  Ovalle Mejías de 46 años.

De 12,064 reos que tiene el sistema carcelario del país, 209 tienen alguna discapacidad, lo que representa un  2% de la población.

De estos, según estadísticas oficiales, 93 sufren de alguna condición ambulatoria, seguidos por 57 que tienen limitaciones visuales, los dos renglones de mayor prevalencia.

De las 383 mujeres confinadas, sólo nueve tiene algún tipo de incapacidad. 

 Ovalle Mejías  perdió la movilidad de la cintura hacia abajo hace 15 años cuando recibió un disparó en la columna vertebral en medio de un incidente violento. A pesar de los intentos médicos no pudo recuperarse, dijo.

“Fue algo bien fuerte, bien estresante porque toda mi vida andaba sobre mis piernas y de un momento a otro caer en una situación así es algo para lo que uno no está preparado”, sostuvo. 

Contrario a otros reos, Ovalle Mejías está confinado en lo que se conoce como el “dormitorio médico”. 

No se trata de una típica celda sino de un espacio donde conviven reclusos con discapacidades. 

En el caso de este módulo hay espacio para 22.

Hay dormitorios médicos en las instituciones de Bayamón, Ponce y la Cárcel de Mujeres de Vega Alta. 

Con el pasar de los años, dijo,  ha aprendido a ser independiente, aunque en el área donde está hay personal médico que los atiende de ser necesario. También siempre están los otros reclusos. 

“Trato de hacer todo lo que yo pueda por mí mismo, pero si hay algo que no pueda hacer  están los demás compañeros que me dan la mano. Nos ayudamos todos como una familia”, expresó.

“Al menos yo  puedo desplazarme en mi silla de ruedas, moverme y hacer todas mis cosas”, añadió.

Según el Título II de la Ley para Personas con Discapacidades (ADA), las entidades públicas deben garantizar que los presos o detenidos calificados con discapacidades no sean excluidos  porque la instalación sea inaccesible. 

Tampoco pueden ser excluidos  de los servicios, programas o actividades. Deben ser alojados en el entorno más integrado y apropiado de acuerdo a sus necesidades.

“Aún con mi condición no me siento menos, no me siento cohibido”, sostuvo.

Su día, contó, inicia temprano con su aseo. Tras tomar el desayuno, contó, se prepara para asistir a un curso de ebanistería en el cual invierte cuatro horas al día.

El tiempo de recreación  al aire libre es de dos horas y se da entre los confinados en ambas áreas médicas.

“Uno no puede quedarse estancado aunque tenga esta condición física, porque esta  condición es solamente mi piernas pero mi mente está libre”, enfatizó el padre de una joven de 19 años.

¿Entiendes que puedes desplazarte con facilidad en tu silla de ruedas?

 Las  áreas donde estoy confiando es accesible para yo desplazarme y tiene accesos con rampas para llegar a la escuela. 

No son los peores

Anualmente, la Oficina del Procurador para las Personas con Impedimentos  recibe entre seis y 12 querellas de confinados que entienden se le están violando sus derechos. 

El procurador  Iván Díaz Carrasquillo indicó que las mismas se resumen mayormente en problemas de accesibilidad.

“Nosotros reconocemos el problema, de que se trata de un ambiente sumamente controlado y que su actividad de movimiento está condicionada, pero independientemente de eso el Estado está obligado a darle unos servicios”,  señaló el funcionario a Primera Hora.

Detalló que atienden las denuncias que le llegan de confinados por correo de  forma independiente y cerciorándose que no se trate de denuncias falsas. 

Aunque reconoce que las instalaciones carcelarias del país no están en condiciones óptimas, Díaz Carrasquillo prefiere no adjudicar responsabilidades.

“No puedo decir necesariamente que es dejadez del gobierno, pero no son necesariamente la primera de las prioridades...  sino bastante cercano al final...”, señaló. 

El caso Morales Feliciano, sin duda,  conllevó una serie de cambios para bien de la población dentro de las instituciones, apuntó.

“Hay algunas áreas que entendemos que no pueden ser hechas accesibles”, planteó.    

Corrección no se trata del primer cliente de la Procuraduría, pues ese puesto le corresponde al Departamento de Educación. 

A la agencia le sigue el Departamento de Salud y Rehabilitación Vocacional.

“En Educación Especial hay un abanico de problemas de accesibilidad y  servicios relacionados como terapias... no están cumpliendo y eso nos trae un problema que hay que manejar para evitar que el problema crezca”, apuntó.