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Necesaria una solución para problema de alcantarillados en Fajardo

Por Agencia EFE 03/07/2018 |07:19 p.m.
Los legisladores solicitaron tanto a Ayala, como a los funcionarios de la AEE, que se realice un estudio para determinar quién será responsable de pagar por el servicio. (Archivo)  
El 5 de abril del pasado año, el gobernador, Ricardo Rosselló, firmó una orden ejecutiva, que declaró un estado de emergencia en comunidad de ese pueblo.

La Comisión de Desarrollo Integrado de la región noreste de Puerto Rico, presidida por el representante, Samuel Pagán, prosiguió hoy con el análisis de la resolución de la Cámara 328, que ordena una investigación de las gestiones realizadas por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), en torno a las instalaciones de alcantarillado sanitario de la comunidad Santa Rita, en Fajardo.

La pieza, radicada por el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, expone que esta conexión sanitaria debió realizarse desde el año 2000 por parte del desarrollador Social Interest Growth Associates, Corp (SIGA) y realizar una consulta ambiental con la Junta de Calidad Ambiental (JCA).

Durante los trabajos de la Comisión, Ángel Meléndez de la JCA, narró que la agencia intervino en este caso desde 2006 para que el desarrollador cumpliera con el mandato de ley, de modo que se evitara daños ambientales, pero SIGA y más tarde Doral, disputaron estas órdenes en los tribunales.

El 5 de abril del pasado año, el gobernador, Ricardo Rosselló, firmó una orden ejecutiva, que declaró un estado de emergencia en esta comunidad y ordenó que la AAA, junto a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (AEMEAD) y la JCA, realizaran las gestiones correspondientes para agilizar las labores de manejo y tratamiento de aguas usadas generadas por la comunidad.

Sin embargo, el 31 de julio de 2017 la AAA informó que SIGA abandonó la operación del sistema de tratamiento por lo que la corporación tuvo que enviar a su personal para mantener la operación de la planta para evitar que la comunidad se viera afectada por los desbordes.

Melendez indicó, que ante la preocupación de la AAA de operar el sistema sin permiso de operación u orden administrativa, la JCA aprobó una autorización de emergencia para la operación de la planta, lo que relevó a la corporación de penalidades y violaciones ambientales.

El deponente indicó que ante esta experiencia, la investigación que lleva a cabo la Comisión debe ir dirigida a lograr "cambios en la legislación para proteger a los individuos de grupos de personas irresponsables que se escudan detrás de las figuras corporativas para abandonar proyectos previo a la culminación de los mismos, sin tomar en consideración las inversiones de buena fe de quienes se ven afectados y el medio ambiente".

Por su parte, Joel Ayala, abogado de la división de opinión y legislación de la AEE, informó que la corporación ya realizó los trabajos para que funcione el sistema y que solo faltaría determinar qué persona o entidad se haría cargo de la cuenta, para energizar el mismo.

Ante ello, los legisladores solicitaron tanto a Ayala, como a los funcionarios de la AEE, que se realice un estudio para determinar quién será responsable de pagar por el servicio. 

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