“Si siguen recibiendo trabajo que muy bien se podría canalizar por otros medios, va a ser lo mismo. No tienen el personal”. 

A juicio del presidente de la Asociación de Funerarios de Puerto Rico, Eduardo Cardona, el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) podría funcionar mucho mejor si descontinuaran la práctica de mantener cadáveres en las neveras por meses o  si dialogaran para que aquellos que no necesiten de autopsia ni siquiera pasen por las puertas de la agencia.

“Me atrevería a decir que de los 6,000 casos que trabajan al año, al menos la mitad no necesitan pasar por el ICF, si no más. Si le restas los asesinatos y personas con muertes por razones de salud, cuando vienes a ver, no llega ni a tres mil”, afirmó.

Por eso, recomendó que sea el médico de cabecera del fallecido quien certifique su muerte -de no ser sospechosa- para ahorrarse el trámite con el ICF, lo que frenaría grandemente el “tapón” de casos.

Según admitió la directora del ICF, Edda Rodríguez, en las vistas de transición, la agencia sufre una aguda crisis. Solo el 25% de los casos se entregan en el término de 90 días; no cuentan con el personal necesario para realizar autopsias y pruebas de toxicología. Además,  no hay capacidad de retención de personal.

“Ellos habían mejorado muchísimo, porque hay que decirlo, en el recogido y entrega de cadáveres, pero de un momento para acá la situación ha vuelto a empeorar”, señaló Cardona, cuya asociación reúne a 100 de las 225 funerarias de la Isla. “Hace como un mes, estuve casi tres horas para entregar un cuerpo”, contó.

Otro de los problemas que mencionó es que el ICF se atrasa en la emisión de certificaciones de cremación  y eso les afecta directamente a los funerarios. 

Por su lado, la doctora Rodríguez fue enfática en que “aquí tenemos gente altamente comprometida, pero la realidad es que desde el 2007 no hay patólogos forenses nuevos, excepto el patólogo anatómico”. 

Sobre los 6,000 casos que pasan por el ICF al año, coincidió con Cardona en que hay algunos que no tendrían que llegar a la agencia, particularmente desde los hospitales. “Tienen el personal (para certificar las muertes y enviar los cuerpos a las funerarias) pero sus reglamentos se basan en la primera parte de la ley y los cadáveres terminan aquí. Tienen que atemperar sus estatutos”, dijo Rodríguez.

La Ley 200 del 2009, a la que se refirió, indica que si una persona fallece en un hospital dentro de las 24 horas de haber sido admitido, tiene que ser enviado al  ICF. “Si  se puede determinar que no fue una muerte violenta, es cierto, no es necesario que lo envíen aquí”, sostuvo.

Por otra parte, la entrega de informes se atrasa debido no solo a la falta de personal y la cantidad de trabajo que a veces se les apila. 

“En un día podemos trabajar hasta 12 autopsias entre tres patólogos, y eso es muchísimo trabajo. La gente ve ‘CSI’ y creen que todos son forenses y los casos se resuelven en una hora, pero no. Lo que sí hay que decir es que hay casos que se han retrasado y salieron después de los 90 días establecidos, pero luego volvieron a someter y llegaron a tribunales”, relató.

Sobre los certificados de cremación y enterramiento, en ocasiones hay que esperar por un familiar que dé información más detallada sobre el occiso para entonces emitir el documento y eso, también, puede tomar tiempo. 

“Pueden salir en un día si tenemos todos los datos, pero a veces se atrasa si el familiar no tiene la información requerida o si fue, por ejemplo, un envejeciente que murió en un asilo sin familiares cerca”.

En cuanto al enterramiento de cadáveres no reclamados en el cementerio municipal de San Juan -que es donde los reciben-, Rodríguez explicó que se le cursó una carta a los municipios de Carolina y Bayamón buscando espacio en sus camposantos, pero no han recibido respuesta.