“Estoy presa en mi propia casa. Mi esposo lo tiene que hacer todo por mí. Si tengo una emergencia, me chupó la bruja”.

A sus 65 años, la periodista ya se había acostumbrado a las limitaciones que enfrentaba debido a problemas crónicos en la espalda, que en 2015 la obligaron a retirarse de su profesión y a declararse físicamente incapacitada, así como a someterse a tres operaciones que la dejaron con 14 tornillos, dos varillas, tres implantes de discos, una placa de metal y un implante de hueso en su cuerpo.

Pero más allá de los constantes dolores y la tristeza que le provocó el retiro forzado, Adela llevaba una vida relativamente normal: desde su residencia en el sexto piso del condominio Torreblanca Apartments, en el área de Santurce, tenía la posibilidad de moverse para asistir a sus citas médicas, hacer compras y entretenerse como cualquier persona independiente.

Sin embargo, como consecuencia de los huracanes Irma y María, el “cerebro” del elevador del condominio, sufrió daños permanentes que, para todos los efectos prácticos, han dejado a Adela en una especie de arresto domiciliario, ante el martirio que significa bajar los cinco pisos de escaleras que la separan del ‘lobby’ del edificio.

“Tan solo bajar –que es lo que más me duele– me puede tomar 20 minutos. Por la fuerza de gravedad, me encorvo y eso me abre los discos. Tengo que detenerme en cada piso”, relató Adela, quien en las contadas ocasiones que realiza el doloroso trayecto, lo hace de espaldas y agarrada de su esposo Alberto.

La principal razón para que, a un año de María, y a nueve meses de que regresara la electricidad a Torreblanca a finales de diciembre de 2017, el edificio de siete pisos no cuente con el servicio de un elevador funcional es que el condominio aún no ha recibido un centavo de la aseguradora Mapfre, a pesar de que la compañía envió un ajustador en octubre del pasado año.

El 3 de mayo pasado, Mapfre ofreció una compensación por $27,731.30, según se desprende de un documento anejado a la querella con fecha del 20 de agosto que presentó la Junta de Condómines de Torreblanca ante la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS).

Varias cotizaciones gestionadas por la junta del condominio –que preside la propia Adela– estimaron el costo de habilitar un elevador nuevo en $200,000, mientras que otros daños provocados por María –incluyendo la reparación de una subestación que energiza el edificio– suman aproximadamente $100,000. Por lo tanto, el cuerpo administrador determinó rechazar la indemnización, dado que la carta de la aseguradora establecía que tras la compensación ofrecida se “procedía con el cierre de dicha reclamación”, de acuerdo con la querella presentada a la OCS.

Además de Adela y su esposo, otras tres de las 13 familias que residen en Torreblanca incluyen alguna persona con discapacidades físicas, por lo que los riesgos médicos naturalmente asociados a sus respectivas condiciones se magnifican ante la dificultad de acceso y salida que representa la falta de un elevador.

“Vivo aquí desde 1987 y he pasado todos los huracanes habidos y por haber y nunca habíamos tenido este tipo de problemas. Ahora mismo, por ejemplo, tengo una compra del supermercado en la guagua porque yo no la puedo subir. Tengo que esperar a que mi hijo me visite y la pueda subir al segundo piso en que vivo”, explicó por su parte Nancy Torres Román, quien en 2016 sufrió fracturas en ambas rodillas al ser atropellada por un vehículo en el estacionamiento del Hospital Presbiteriano, donde laboró como enfermera por 43 años hasta que optó por declararse incapacitada y acogerse al seguro social en abril pasado.

En el quinto piso de Torreblanca reside Uriel Contreras, de 80 años, y quien unos meses antes del huracán María sufrió un derrame que le ha limitado su capacidad de hablar y caminar. Y aún así, debe bajar y subir las escaleras varias veces a la semana para asistir a sus terapias.

“Los riesgos se multiplican. Uno hace ajustes porque piensa que (el problema) va a ser temporero, pero de momento te das cuenta que es casi permanente”, dijo por su parte Laura Magruder, quien vive junto a su esposo –paciente de diabetes y epilepsia– en el séptimo piso.

“Si le da un episodio (epiléptico) aquí, ¿quién lo baja?”, se cuestionó Magruder.

“Fuimos proactivos”

Pese al periodo de más de seis meses que transcurrió entre la primera visita de un representante de Mapfre a Torreblanca y el ofrecimiento de la compensación de $27,731.10 en mayo, el vicepresidente sénior del área técnica de la aseguradora, Luis Negrón, aseguró que la compañía siguió en todo momento los protocolos establecidos para fijar el monto por daños provocados por un desastre natural.

“Fuimos proactivos desde el primer momento. En aquel momento de la primera visita (en octubre de 2017) no se pudo determinar si había daños eléctricos porque no había luz. Ya después que llega la luz los asegurados reclaman otros daños y en mayo sale el pago por la cantidad de $27,000. Pero la primera vez que recibimos evidencia de los daños adicionales –incluyendo el elevador– es en abril, cuando nos presentan una factura de reparación y después nos presentan otra en julio”, indicó Negrón a este medio la pasada semana.

“Bajo la póliza siempre es el asegurado el que viene obligado a presentar que los daños están relacionados a los eventos de huracán. No meramente porque se hayan sufrido daños es que están relacionados al huracán. Se requieren peritos en estos casos para determinar la causa de los daños”, agregó el ejecutivo.

Sin embargo, luego de la visita de un perito en octubre, ningún representante de Mapfre acudió al condominio hasta el 16 de agosto, cuando enviaron al ingeniero Ángel Rodríguez, quien además de inspeccionar los daños –según la querella a la OCS–, instruyó a la Junta de Condómines a comunicarse telefónicamente con la aseguradora para informar que no aceptaban la compensación ofrecida.

Luego de la visita del ingeniero, dijo Adela, los condómines nuevamente perdieron toda comunicación con Mapfre hasta que Rodríguez regresó a Torreblanca este pasado viernes, el día después de la entrevista de Negrón con Primera Hora.

“El peso de la prueba lo tiene el asegurado, y una vez nosotros tenemos la información podemos estar en posición de ajustar la reclamación a la brevedad. Yo creo que en diez días ya podemos tener una determinación de cubierta y de pago”, indicó Negrón.

A preguntas de este diario, el comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos, declinó entrar en detalles sobre la querella que presentaron los residentes de Torreblanca por tratarse de una “investigación en curso”.

“El caso llegó aquí hace menos de un mes, todavía no está maduro. Le pedimos información a ambas partes, se hacen entrevistas, mi equipo las revisa y a partir de ahí determinamos si ha habido incumplimiento de parte del asegurador. El tiempo que nos tome puede variar, nos puede coger 15, 20, 30, 40 días porque hay mucho trabajo y el personal (en la OCS) es limitado”, señaló Rivera Ríos.

Por su parte, Adela lamentó que, pese a los esfuerzos de los residentes del condominio, vayan a cumplir el aniversario de María todavía en un estado de constante inseguridad.  

“Teníamos fe en el sistema, en que como nuestra situación es real, se hicieron varias cotizaciones y se presentaron números nos iban a atender diligentemente. Hicimos todo al pie de la letra pero inocentemente confiamos. Y pensar que el país está lleno con sabe Dios qué otras emergencias médicas”, reflexionó Adela, mientras contemplaba desde su balcón el tránsito de la avenida Baldorioty de Castro, en un nuevo pasatiempo que hace rato hubiera querido dejar atrás.