El Municipio de Aguadilla comenzó una reducción de jornada laboral a sus empleados como media para lidiar con la crisis fiscal que enfrenta la administración municipal.

La ordenanza municipal 9 fue firmada por el alcalde Carlos Méndez el pasado 4 de enero  y, según la misma, los empleados que laboran jornada regular de 7.5 horas al día, verá reducida la misma en 2.5 horas, o sea que pierden unas 12.5 horas de  trabajo a la semana. La misma representa un 30% de su jornada de trabajo.

Mientras, los empleados que ganan más de $3,000 mensuales verán una reducción de 3% en sus ingresos, según la ordenanza.

El estatuto, sin embargo, no afectará jornada los miembros de la Policía Municipal ni los que trabajan en la Oficina Municipal para Manejo de Emergencias, excepto su personal administrativo o clerical.

El Municipio no tocó la jornada laboral de los puestos de confianza. "Su paga es a base de salario siempre fijo y no sujeto a horas trabajadas. Además deberá estar disponible para realizar tareas durante horas no laborables cuando la necesidad del servicio así lo exija y le sea requerido", se indicó.

La ordenanza también indica que en junio pasado la reducción de jornada fue incluída en el Plan de Cesantías aprobado por el gobierno municipal, que establece esta medida como una de las alternativas "con el fin de evitar las acciones de cesantías".

Previo a esto, en abril pasado, ya el Municipio había reducido el salario a todos los empleados y no se renovaron contratos e empleados transitorios y se cancelaron donativos, actividades y festivales.

Pero estos pasos no fueron suficientes tras el azote de los huracanes en septiembre pasado, según la ordenanza.

"Las medidas de austeridad tomadas anteriormente por la Administración Municipal sirvieron para mantener al Municipio brindando los servicios esenciales a la población, lo cual es nuestra razón de ser, no obstante al no recibir los ingresos presupuestados y tener que enfrentar los costos de las emergencia acontecidas por el paso de los huracanes Irma y María han ocasionado una merma sustancial en el flujo de efectivo en el Municipio de Aguadilla", reza la ordenanza.

Esta reducción de jornada contrasta con que el Municipio anunció en verano de 2015 un alza en el salario mínimo de los empleados municipales a $10.25.

El alcalde no estuvo hoy disponible para dar declaraciones.

Mientras, la presidenta del Partido Popular Democrático, Noemí Cardona, quien estimó que la reducción de jornada laboral afecta  a unos 500 empleados, dijo que esa alza de 2015 era "un compromiso político" para ganar el voto de los empleados municipales pero la realidad es que ahora enfrentan una enorme pérdida de ingresos, porque esas 12.5 horas menos a la semana implican perder más de un día de trabajo a la semana. 

"Ya los empleados habían perdido $300 semanales (con la reducción de sueldo) y ahora con esta reducción (de jornada)  quiere decir que vana  perder sobre $5,000 anuales", dijo Cardona. "Esto es una reducción significativa que va a empobrecer a los empleados municipales", dijo la rival política del alcalde en las pasadas elecciones.

No es cierto, dijo Cardona, que estas decisiones respondan a los efectos de los huracanes sino a que múltiples inversiones pagadas con fondos del pueblo de Aguadilla no han dejado los ingresos que se esperaban, como la pista de patinaje y el hotel municipal, que se entregó en el 2015 y nunca se ha abierto.

"Esto es el inicio del derrumbe de la pantalla y mentira que se había presentado sobre la estabilidad de las fianzas del Municipio", dijo Cardona.

Mientras, el legislador municipal del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Eliezer Ríos Santiago, dijo que esta es otra evidencia de como los cálculos fiscales del Municipio no se han concretado.

Criticó que los empleados de confianza con salario de $3,000 mensuales solo pierdan la "insignificante" cantidad de 3% frente a la pérdida de una 33% de su sueldo de los empleados de confianza, dejándolos con apenas $800 al mes.

"En Puerto Rico, con la crisis en que estamos y costos de vida como aumentando, es una reducción inconcebible. No hay forma que una familia asuma un cantazo de esta magnitud y mantenerse a flote. Esto puede provocar que se vayan del mercado laboral y busquen beneficios del gobierno o que se vayan del país", indicó.