Además del caso que se ventila actualmente en el tribunal federal en el que un exempleado de la oficina local de la fiscalía federal alega haber sufrido un patrón de acoso y discrimen laboral, hay al menos otras dos demandas similares en contra de la fiscalía federal en camino a celebrar sus respectivos juicios próximamente.

En el caso en curso, el exespecialista Francisco J. Reyes Caparrós, quien es un veterano con discapacidad parcial ahora convertido en abogado, alega haber sido víctima de un patrón de hostilidad mientras trabajaba en la oficina local de la fiscalía federal, que incluyó entre otras cosas que se le impidiera hacer las funciones para las que había sido contratado, le desacreditaran, fuera objeto de una campaña infundada de que podía ser un espía ruso, implementaran acciones disciplinarias en su contra, le amenazaran con evaluaciones negativas, le aislaran de otros colegas, y eventualmente lo relevaran.

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Reyes alega que la hostilidad en su contra llegó a ser tal, que no le quedó otro remedio que renunciar, luego de un fallido intento de que lo reinstalaran en su puesto de especialista de inteligencia.

Por todos los daños y situaciones que alega haber sufrido, el demandante reclama un monto de $390,000 en compensación.

En otra demanda, la fiscal asistente Carmen Márquez Marín alega ser víctima de un patrón de venganzas, luego de que prevaleciera en otra demanda anterior por acoso laboral.

Márquez ganó aquel juicio contra la fiscalía federal, y fue restituida en su posición en marzo de 2008 por orden de un juez federal.

Márquez alega que, desde la restitución en su puesto de trabajo, en la que no se habría cumplido con la orden del tribunal al dilatar la contratación, ha sido objeto de venganza continua, en un patrón que se agudizó en años recientes luego que sufriera complicaciones de salud que exigían tratamiento y ausentarse del trabajo.

Por los daños que alega haber sufrido, Márquez está pidiendo una compensación de $350,000.

Finalmente, Nelson Pérez Sosa también demanda a la oficina de la fiscalía federal, alegando un esquema de venganza, discriminación y hostilidad que condujo a su despido.

Pérez, quien dirigió por 21 años la división de apelaciones de la oficina de la fiscalía federal, alega que fue descendido de su cargo por haber testificado en favor de empleados que reclamaron discriminación y venganza. Pérez afirma que contaba con evaluaciones excelentes de su trabajo, y no obstante la directiva de la oficina, incluyendo a su jefa, la fiscal Rosa Emilia Rodríguez Vélez, decidieron descenderlo de su puesto. Asegura en su demanda que hubo acciones vengativas en su contra por su oposición abierta a las prácticas discriminatorias de la directiva de la oficina, entre ellas haberse negado a penalizar a la fiscal Márquez luego que sufriera complicaciones médicas.

Pérez alega que la hostilidad que ha sufrido ha provocado un deterioro de su salud, que a su vez han hecho necesario que se haya tenido que someter a tratamiento por diversas condiciones, como estrés, ansiedad y presión alta.

Por todos los daños sufridos, Pérez pide una compensación de $1.2 millones.