Miembros de la organización comunitaria Vegabajeños Impulsando Desarrollo Ambiental Sustentable (Vidas) celebraron este miércoles la paralización temporera de los trabajos de construcción que el gobierno municipal de Manatí impulsa en la playa Los Tubos de ese pueblo, pero advirtieron que no bajarán la guardia hasta asegurarse de que la preservación de esos terrenos de alto valor ecológico sea permanente.

Ricardo Laureano, portavoz del grupo, se mostró satisfecho con la gestión del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), que emitieron este miércoles sendas órdenes de cese y desista, tras haber detectado el aparente incumplimiento de, al menos, cuatro leyes, reglamentos y planes aplicables a la zona.

“Seguiremos haciendo lo que nos toca hacer. Aquí estamos en el proceso de seguir levantando información, de seguir trabajando nuestros proyectos de recuperación ecológica… Desde que este colectivo fue creado, nos hemos destacado por llevar nuestros asuntos hasta las últimas consecuencias, siempre hemos sido de la opinión de que las luchas se dan en todos los frentes”, manifestó Laureano a este medio.

Si no prospera su reclamo para que se suspenda por completo la edificación de un nuevo centro de actividades en el balneario Los Tubos, el grupo Vidas no descarta iniciar manifestaciones de desobediencia civil, al igual que ir a los tribunales para exigir que se respeten las leyes ambientales y estatutos sobre la zonificación del área.

Al anunciar este miércoles la determinación sobre el cese y desista temporero, la secretaria del DRNA, Carmen Guerrero, dijo que el desarrollo que promueve la administración del alcalde Juan Aubín Cruz Manzano podría violentar el Plan y Reglamento Especial para la Cuenca Hidrográfica de la Laguna Tortuguero de la Junta de Planificación (JP), que aplica a la Reserva Natural Laguna Tortuguero; la Ley para la Protección, Conservación y Manejo de los Arrecifes de Coral y la Ley para la Protección y Conservación de la Fisiografía Cársica.

Las obras también podrían violar disposiciones del Plan y Reglamento del Área de Planificación Especial del Carso para las Áreas de Planificación Especial Restringidas del Carso, que incluye el área de Los Tubos.

“El DRNA interesa conocer si, al momento de solicitar y obtener una exclusión categórica ante la OGPe, el proponente (gobierno municipal de Manatí) informó en su solicitud que el proyecto se encontraba dentro de los límites de una reserva natural y que, justo al norte del área del balneario, se encuentra uno de los sistemas de arrecifes de coral más importantes de la costa norte con especies en peligro de extinción”, manifestó Guerrero en declaraciones escritas.

El DRNA comenzó su investigación luego que el grupo Vidas presentó una querella ante el Cuerpo de Vigilantes de esa agencia. Los oficiales inspeccionaron los terrenos a finales de diciembre.

Desde el 2008, grupos comunitarios y ambientalistas se han dedicado a cultivar arrecifes en esa playa de Manatí. Actualmente, los integrantes de Vidas experimentan con la siembra del Acropora cervicornis o cuerno de ciervo, y según el colectivo, la construcción representa una amenaza directa a ese proyecto.

En la agenda del grupo para principios de año, figura empezar trabajos de restauración de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) en esa costa. La organización interesa habilitar una de las estructuras existentes para establecer allí un centro de investigación de autogestión comunitaria para impulsar todos sus proyectos.

“No vamos a permitir que se realicen obras que no cumplan con los documentos requeridos. Si bien es cierto que las obras y construcciones son parte del desarrollo económico en nuestro País, estas tienen que cumplir con las leyes, y la conservación del ambiente debe ser parte integral de este desarrollo”, dijo, por su parte, Aberto Lastra, director ejecutivo de la OGPe, al recalcar que las obras permanecerían paralizadas hasta que se aseguren de que cumplen con la ley.

Según la investigación preliminar de las agencias, el proyecto no contó con una Declaración de Impacto Ambiental, como requiere la Ley de Arrecifes de Coral de Puerto Rico, y tampoco tiene una autorización de la Secretaria del DRNA, según ordena el Plan y el Reglamento del Área de Planificación Especial del Carso.

El DRNA y la OGPe tienen 10 días desde este miércoles para celebrar una vista en la que un oficial examinador evaluará el caso y emitirá sus recomendaciones para que los jefes de agencia adjudiquen finalmente la controversia.

No obstante, la secretaria del DRNA indicó a este medio que buscarán sentarse a dialogar inmediatamente con la administración municipal de Manatí para discutir de qué manera se puede mitigar el impacto ambiental de la edificación.

“La preocupación que tenemos es sobre los impactos con la erosión y la sedimentación hacia los arrecifes de coral, y siendo un área cársica, asegurarnos de que la construcción no tiene impacto dentro de esa zona. Entendemos que son importantes las mejoras, pero no queremos que tengan impacto ambiental”, manifestó Guerrero.

“Aquí, lo que tenemos que ver es qué se autorizó, y evaluar, si se permitió con una exclusión categórica, debió haberse hecho un análisis ambiental para diseñar una estrategia de evitar el impacto de los recursos naturales singulares y únicos del área, particularmente los arrecifes de coral”, agregó la titular del DRNA.