El Consejo de Arqueología Subacuática se hunde y al Consejo de Arqueología Terrestre lo sepultan bajo tierra.

El pasado viernes quedaron cancelados los contratos del arqueólogo Juan Vera, encargado del Consejo de Arqueología Subacuática, el organismo que está adscrito al Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) y que se supone que proteja el patrimonio arqueológico que se halle en el mar, el de galeones y otros.

Vera y su ayudante quedaron ambos desempleados, informó Ivor Hernández, miembro de la Junta del Consejo de Arqueología Terrestre, el otro organismo a cargo de velar por la integridad de los tesoros históricos en tierra.

A ninguno de los dos consejos se les asignó fondos en el presupuesto con el que el ICP comenzó a operar a partir del primero de julio.

Ese presupuesto fue confeccionado por la actual administración del ICP, nombrada bajo el mandato del ex gobernador Luis Fortuño.

El nuevo gobierno no hizo nada aparentemente para devolverles a los consejos las partidas que le asignaban en tiempos mejores. En el caso del Consejo de Arqueología Terrestre, el organismo quedó condenado en los pasados tres años a operar sin dinero.

Hernández denunció que una lancha propiedad del Consejo de Arqueología Subacuática está dañada y hundiéndose cerca del Parque Ecuestre. A la embarcación le robaron varias piezas del motor.

Ambos consejos fueron creados por ley y ninguno de los estatutos ha sido derogado.

La Ley 112 de 1988 creó el Consejo de Arqueología Terrestre como el ente gubernamental responsable de proteger y custodiar los recursos arqueológicos hallados en tierra. Se supone que el organismo también se encargue de fomentar el inventario científico y el estudio de todos los valores arqueológicos.

En 1987 se creó el Consejo de Arqueología Subacuática a los mismos fines.

Hernández dijo que el Consejo de Arqueología Terrestre ha estado operando hasta la fecha bajo la dirección interina de la División de Arqueología del Instituto.

El líder cultural mencionó que destruir los consejos sería premiar a los que quieren lucrarse económicamente en Puerto Rico a costa de la preservación de la historia del país.

En cuanto a la jefatura del ICP, la actual administración de gobierno aún no ha procedido a ocupar las plazas que han dejado vacantes los miembros de la Junta de Directores de la entidad, incluyendo la del presidente. Mientras eso pasa, continúa en su posición la directora ejecutiva del ICP, Mercedes Gómez.